México,(Notimex).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 69/2018, debido a la reclusión irregular de presuntos responsables de ilícitos en las cárceles municipales de Felipe Carrillo Puerto y de Solidaridad, en el estado de Quintana Roo, que sólo deben albergar a personas sancionadas por infracciones administrativas.

En un comunicado, el órgano defensor explicó que la recomendación se dirigió al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo, puesto que en dichos centros de detención las personas sólo deben permanecer máximo 36 horas. Esas cárceles no son con la finalidad de reinserción social.

La CNDH observó que al utilizar esas cárceles municipales para albergar a personas en prisión preventiva o en cumplimiento de una sanción penal, se violentan los derechos a la seguridad jurídica y la legalidad de las personas privadas de la libertad, pues las autoridades judiciales las internan en forma irregular.

"Este organismo señala el internamiento irregular en las cárceles de Felipe Carrillo Puerto y de Solidaridad por depender del municipio, en donde tienen su asiento, las cuales dada su naturaleza deben destinarse para sanciones administrativas y no para albergar a personas en prisión preventiva o en cumplimiento a una sanción penal", puntualizó.

Por ello, la CNDH solicitó al Poder Judicial de esa entidad que maximice la protección de los derechos humanos de las personas procesadas, sujetas a prisión preventiva y sentenciadas que se encuentran internas en las cárceles municipales de Felipe Carrillo Puerto y de Solidaridad.

También demanda que se otorgue a las personas la protección más amplia conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La CNDH recomendó al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Quintana Roo, que se prevea que en un plazo de 90 días se realicen las acciones necesarias para ordenar el internamiento de personas procesadas o sentenciadas en los Centros de Reinserción Social establecidos para tal efecto.

Insistió en no utilizar las cárceles municipales para encerrar a personas en prisión preventiva o en cumplimiento de una sanción penal, y con esto evitar hechos violatorios, además de enviar a la CNDH las constancias que acrediten lo señalado.

Pidió que se designe a un servidor público de alto nivel que sea enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación.