México,(Notimex).- Es necesario construir una nueva gobernabilidad democrática sustentada en la reforma social del Estado para lograr un verdadero equilibrio entre sus poderes, así como el cumplimiento y ejercicio de las libertades y los derechos humanos en el marco de un renovado Estado de derecho y de democracia participativa.

Así lo señaló la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y destacó que se requiere cambiar el rumbo de la política económica para erradicar la desigualdad y la pobreza, reconstruyendo el mercado interno, así como las cadenas productivas.

Esto incluye, abundó, fomentar el financiamiento preferencial a la economía social y a las pequeñas y medianas empresas mediante políticas públicas que permitan la generación de empleos.

Promover una política fiscal redistributiva, progresiva y multianual, que contemple mecanismos efectivos de justicia fiscal para combatir la corrupción, así como la evasión y elusión fiscal, lo que hará factible obtener recursos para impulsar políticas sectoriales y regionales de inversión productiva y de desarrollo de la planta industrial del país, dijo.

Por lo tanto, indicó que se deben considerar dentro del presupuesto del sector público los recursos necesarios para la reconstrucción de la infraestructura física y social del país, principalmente de los estados afectados por los desastres naturales; los programas correspondientes deben considerar acciones en materia de vivienda, salud y educación.

La UNT mencionó que promover la democratización y modernización del mundo del trabajo implica detener cualquier intento de contrarreforma.

El movimiento obrero considera indispensable, apuntó, asumir acciones para impulsar una reforma en materia procesal respetuosa del espíritu tutelar y la naturaleza social del Artículo 123 constitucional, en conjunto con leyes secundarias que permitan su adecuada materialización.

Además de una mejora de los servicios, el bienestar social de los trabajadores a través de una labor digna, estabilidad en el empleo y seguridad social, así como impulsar un proyecto de transformación integral del sistema de relaciones laborales del que debe ser parte la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mediante un programa permanente para conseguir este propósito, opinó.

También, añadió, reconstruir el sector productivo del campo y fomentar la sindicalización de los trabajadores del sector primario y la organización de los pequeños y medianos productores rurales, para lograr la soberanía alimentaria garantizando el derecho a la alimentación.

En este contexto, es necesario impulsar la aprobación de “la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas” y establecer programas para proteger los recursos naturales, la biodiversidad, el acervo genético y los territorios, concluyó.