La corrupción puede ser definida como “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual”. Puede presentarse a grande o pequeña escala. La corrupción a gran escala en el espacio público involucra a grandes empresas que deliberadamente entregan dinero o regalos a funcionarios públicos para verse beneficiadas de decisiones del gobierno. La corrupción a pequeña escala es la que afecta a la población en general y se produce cuando la gente o las empresas pagan un soborno por obtener acceso a un servicio o bien público. El INEGI distribuyó un documento donde detalla la deshonestidad que da una idea de la batalla que tendrá que librar el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a feliz término la cuarta transformación.

La relevancia del fenómeno en el sentir de la sociedad se refleja en que más de la mitad de la población adulta considera que es uno de los principales problemas que enfrenta el país, solo por debajo de inseguridad y delincuencia, además de que se ha acrecentado en los últimos años. En el marco del reciente Día Internacional contra la Corrupción, se ofrece información sobre las experiencias que han padecido personas y unidades económicas al intentar hacer algún trámite gubernamental. Los datos utilizados provienen de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública, y Sistema Penitenciario Estatales y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales.

En el país se percibe que la corrupción es una práctica ampliamente extendida en los espacios de acción gubernamental. En 2017, nueve de cada 10 adultos residentes de áreas urbanas consideraron que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno estatal quienes buscan obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio. Pese a que la ocurrencia de hechos de corrupción no es tan alta como la percepción de esta, la proporción de personas adultas que fueron víctimas de al menos un acto de corrupción se ha incrementado en los últimos años, al pasar de 12.1% en 2013 (3.6 millones de personas) a 14.6% de la población (5.2 millones) que en 2017 tuvo contacto con algún servidor público deshonesto.

Esto significó que en 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 541 delitos por cada cien mil habitantes) fuera incluso más alta que la tasa de incidencia delictiva de robo en calle o transporte público. Respecto a las unidades económicas, 247 267 establecimientos fueron víctimas de corrupción. La prevalencia también aumentó significativamente entre 2013 y 2017, para colocarse en un nivel de 5.4% del total de los establecimientos en 2017. Aunque se trata de un fenómeno extendido a lo largo del país, es posible distinguir diferencias. En 2017, en 11 entidades se estimaron prevalencias superiores a la corrupción a nivel nacional entre la población, siendo la Ciudad de México la entidad que registró la mayor proporción de víctimas de algún acto de corrupción, con 20.1% de la población que tuvo contacto con alguna autoridad, mientras que en Puebla o Guanajuato esta prevalencia no superó el 10%.

Ello significa que una persona de la Ciudad de México tiene casi el doble de probabilidad de ser víctima de un acto de corrupción al tener trato con un servidor público que un ciudadano de Guanajuato, Puebla, Colima o Veracruz. Al considerar lo reportado por las unidades económicas en 2017, se observa cierta congruencia en las entidades donde la población reportó las mayores y las menores prevalencias de corrupción. De nuevo destaca la Ciudad de México como la entidad con la mayor proporción de establecimientos víctimas de corrupción con 11 de cada 100 unidades económicas, seguida por los estados de México, Morelos y Quintana Roo, agrega el comunicado del INEGI.

Si bien la prevalencia de corrupción sufrida por la población se ha incrementado en la mayoría de las entidades con relación al nivel registrado en 2013, Sonora, Guerrero y Aguascalientes fueron las entidades que presentaron un deterioro más pronunciado en los niveles de corrupción, mientras que siete entidades exhibieron mejoras. En el caso de las empresas, las entidades que presentaron un aumento en la prevalencia de corrupción en unidades económicas respecto al nivel registrado en 2013 fueron San Luis Potosí, Ciudad de México y Querétaro, a diferencia de entidades como Guanajuato, Yucatán, Baja California y Puebla que tuvieron las mayores reducciones en el indicador.

En 2016, se observa que, a nivel nacional, los ámbitos donde se presentaron actos de corrupción con mayor frecuencia fueron en la interacción con autoridades de seguridad pública y en los trámites relacionados con el acceso a la justicia, principalmente al realizar algún trámite o dar seguimiento a un asunto en el ministerio público o ante juzgados por algún conflicto legal. Al distinguir los trámites de acuerdo con el nivel de gobierno se pudo identificar que, entre la población, las mayores prevalencias de corrupción se presentaron al realizar trámites o tener contacto con autoridades del ámbito estatal, en comparación con los trámites federales o municipales, siendo los trámites relacionados con la propiedad y los trámites vehiculares en los que las prevalencias de corrupción fueron más altas, con 30.7% y 17.8%, respectivamente. En contraste, los actos de corrupción fueron menos frecuentes en los trámites o servicios a cargo del gobierno federal.

En el caso de las unidades económicas, estas fueron más susceptibles de ser víctimas al solicitar algún trámite federal o municipal, necesario para su operación, tales como una licencia o permiso de construcción o de uso de suelo, un permiso para importar o exportar, o en la atención de alguna inspección requerida por parte de una autoridad. Al analizar el tipo de trámite con mayor prevalencia de corrupción, contacto con autoridades de seguridad pública, se observa que, independientemente de la región del país, 6 de cada 10 mexicanos fueron víctimas de un acto de corrupción cuando interactuaron con policías u otras autoridades de seguridad pública, ya sea por incidentes de tránsito, infracciones o algún tipo de detención.

Adicionalmente, se encontró que la región centro del país, seguida de la región sureste, es donde las empresas y las personas que han sido arrestadas por la policía (adultos y adolescentes) tienen la mayor probabilidad de estar involucradas en un acto de corrupción. Este riesgo es significativamente mayor respecto a lo que se observa principalmente en las regiones del norte del país. Durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total ascendió a 7 218 millones de pesos; esta cantidad fue equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales: estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de coinversión social, que en conjunto contaron con un presupuesto de 7 146 millones de pesos en 2017.

Por su parte, se estimó que las empresas desembolsaron por concepto de soborno alrededor de 1 612 millones de pesos en 2016. Pese a que el gasto total de las empresas en sobornos es menor a lo erogado por la población, la carga económica por cada empresa es mayor. Así, el costo promedio de los sobornos por unidad económica se estimó en 12 243 pesos, mientras que cada persona víctima de corrupción pagó por este concepto alrededor de 2 273 pesos. La corrupción es un acto que en México no se denuncia. En 2017, solo 4.6% de la población que fue víctima de un acto de corrupción presentó una denuncia ante alguna autoridad. De las personas que no denunciaron (82.6%), cerca de la mitad no lo hizo porque consideró que era una acción inútil o una pérdida de tiempo, mientras que 15.1% no denunció porque se benefició del acto y 13.6% porque consideró que es una práctica común.

Estas razones dejan ver que la población no denuncia el hecho debido a que no confía en que las autoridades actuarán o porque consideran que es un acto generalizado del cual son partícipes. Las oficinas de control interno son las áreas del gobierno encargadas de vigilar la aplicación de los recursos materiales y humanos, así como de supervisar el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables al desempeño de los servidores públicos. A través de estas oficinas, los ciudadanos pueden presentar quejas o querellas para denunciar actos de corrupción cometidos por los servidores públicos, para lo cual se debe proporcionar los datos o indicios que permitan determinar las probables faltas.

En 2017 se encontró que las oficinas de control interno de los gobiernos de las entidades federativas recibieron 2.6 quejas por actuaciones de servidores públicos por cada cien servidores públicos estatales, cifra ligeramente inferior a la registrada en el año 2016 que fue de 3.0. El análisis por entidad reveló diferencias importantes, 10 entidades presentaron tasas de quejas por arriba de la tasa nacional, entre las que sobresale la Ciudad de México en donde se registraron 10.3 quejas por cada cien servidores públicos, mientras que en Yucatán y Colima la razón fue de 0.1 quejas por cada cien empleados públicos. Dependiendo del curso de la investigación, los órganos de control interno determinan si estas conductas corresponden a sanciones administrativas o si se trata de un delito que amerite una denuncia.

En caso de que se identifiquen conductas que puedan ser tipificadas como presuntos delitos por actos de corrupción, las autoridades ministeriales determinarán las sanciones de tipo penal que correspondan. Respecto a este tipo de denuncias, un total de 408 servidores públicos de las administraciones públicas estatales fueron denunciados en 2017 ante las instancias ministeriales por la comisión de algún presunto delito relacionado con el ejercicio de sus funciones.  Del total de servidores públicos denunciados, 40.7% fue por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades; mientras que aquellos imputados por delitos relacionados con corrupción, 19.6% fue por peculado, 8.6% por cohecho y 5.9% por los delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

La magnitud e importancia del fenómeno de la corrupción como un asunto de política pública ha llevado a la creación de diversos instrumentos para mitigar el problema. El más importante es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en mayo de 2015 a partir de la reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción. De acuerdo con lo previsto en el artículo 113 Constitucional, este Sistema tiene como objetivo la coordinación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), este sistema se integra por un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, un Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y por los Sistemas Locales Anticorrupción que coordinan a las administraciones locales y municipales.

Los sistemas locales anticorrupción de las entidades federativas deben integrarse y funcionar de manera similar al SNA para coordinar a las autoridades locales competentes en la materia, lo que hace necesario expedir o reformar diversas leyes secundarias de los sistemas locales anticorrupción para armonizar el marco legal estatal con la legislación nacional. Para este proceso, la LGSNA fijó el plazo de un año, a partir del 18 de julio de 2016. Al cierre de 2017, 14 entidades habían incorporado en su totalidad el esquema de la LGSNA en sus procesos de trabajo, mientras que 15 estados lo habían implementado parcialmente. Esto indica que, pese al plazo establecido en la LGSNA, en la mayoría de las entidades federativas aún no se ha terminado el proceso de integración de los sistemas locales.

A pesar de la falta de implementación total del Sistema, las entidades federativas han establecido planes o programas anticorrupción que incluyen medidas de control para mitigar el riesgo en espacios donde hay interacción entre usuarios y servidores públicos. En 2017, se identificaron 17 entidades que contaban con un plan o programa anticorrupción y nueve informaron que se encontraban en proceso de integración. Cabe mencionar que de las entidades que en 2016 manifestaron que estaban en proceso de integración de este plan o programa, Chiapas e Hidalgo concluyeron este proceso en 2017. Algunos de estos planes o programas estatales contemplan acciones tendientes a vigilar y controlar aquellos trámites o servicios que son susceptibles de presentar eventos de corrupción.

Al respecto, de las entidades que informaron tener un plan o programa anticorrupción en 2017, 17 entidades tenían identificados trámites o procesos de gestión propensos a conductas asociadas a la corrupción como parte de los programas anticorrupción. En este sentido, Zacatecas fue el estado que tenía el mayor número de trámites considerados dentro de las acciones de control de la corrupción, con un total de 23 trámites, seguido del estado de México con 19 trámites. Las compras de gobierno y la declaración patrimonial de servidores públicos fueron las gestiones que más entidades informaron tener para controlar riesgos de corrupción. Otras medidas de control consideradas fueron las relacionadas con los trámites de solicitudes de apoyo de programas sociales.

Al contrastar los trámites estatales en los que la población experimentó mayor corrupción, se observa que únicamente tres entidades consideraban las infracciones de seguridad pública; cuatro contemplaban las licencias de funcionamiento para negocios, mientras que seis estados incluían algún trámite vehicular como la verificación vehicular, licencias de conducir, infracciones de tránsito y trámites de control vehicular. Las administraciones públicas municipales también han puesto en marcha planes y programas para disminuir y/o controlar riesgos de actos corrupción en sus oficinas; sin embargo, los avances en este tema a nivel municipal son escasos. Al cierre de 2016, únicamente 168 de los 2 302 municipios que reportaron información contaban con un plan o programa.

En Baja California Sur y Querétaro se encontró el mayor porcentaje de municipios que tenía un plan de este tipo, mientras que en 20 estados menos del 10% de los municipios contaban con un plan anticorrupción. Es importante mencionar que, en Baja California, Colima, Ciudad de México y Sinaloa se reportó que las alcaldías no contaban con un plan anticorrupción porque estaban en proceso de integración o no disponían de información para responder. Al cierre de 2016, 67.3% de los municipios del país tenían una oficina de control interno y en 14 estados todos los municipios disponían de una oficina de contraloría. En contraste, Oaxaca presentó la menor proporción con oficinas de control interno (9.5%). En el análisis enviado por el INEGI se omiten datos de Tamaulipas. Quizás aquí todos somos honestos.

Correo: amlogtz@gmail.com

Ambrocio López Gutiérrez

Periodista y Sociólogo.
Columnista en diversos medios  electrónicos e impresos.
Redactor en el equipo de Prensa de la UAT.
Profesor de horario libre en la UAM de  Ciencias, Educación y Humanidades.