Esta mañana, el periódico La Crónica, publicó una nota que me parece muy relevante por dos motivos, como siempre, el malo y el bueno. El malo tiene que ver con la situación económica que rodea a las universidades públicas de México, lo que incide por supuesto con la calidad académica. Y la buena que en esta lista de Universidades Públicas en “quiebra financiera técnica”, no se encuentra nuestra alma mater, nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas, lo que habla bien, muy bien diría yo, de la administración rectoral de José Andrés Suárez Fernández, pero también habla bien de una Universidad que lucha cotidianamente por cumplirle a su comunidad y hacerlo bien, que habla bien de la sinergia de todos los universitarios y de la labor de adentro hacia afuera de nuestra máxima casa de estudios.

El reporte da cuenta de que de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, son diez las universidades públicas del país que se encuentran en riesgo de viabilidad financiera debido a los adeudos millonarios al Servicio de Administración Tributaria y al ISSSTE, así como recargos y actualizaciones que, hasta abril pasado, estas diez instituciones adeudaban en conjunto, alrededor de 10 mil millones de pesos.

Estás “universidades con problemas estructurales críticos”, denominadas así por la propia SEP, se suman a las carencias nacionales en la educación superior como falta de cobertura, abandono escolar y déficit en el desarrollo de competencias idóneas para el mercado laboral. Un panorama reincidente en otros niveles educativos y un problema muy serio para la educación en el país.

Y vamos con la mala noticia: en el top 10 de estas “instituciones deudoras” están, la Universidad Veracruzana, con un pasivo por 2 mil 800 millones de pesos; la Universidad Autónoma de Zacatecas, con mil 900 millones de pesos de adeudos; la Universidad Autónoma de Chiapas, con un pasivo por mil 700 millones de pesos; y la Universidad Autónoma del Estado de México, con adeudos por mil 450 millones de pesos; la Universidad Autónoma de Nayarit, con una deuda de 900 millones de pesos; la Universidad Autónoma de Sinaloa, con un pasivo por 560 millones de pesos; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con deudas por 260 millones de pesos; la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con adeudos por 70 millones de pesos; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con 32 millones de pesos de pasivo y, aunque  usted no lo crea, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pasivos por 22 millones de pesos.

¿Las causas? De acuerdo con información de la propia Secretaría de Educación Pública, se identifican siete razones principales de estos “hoyos financieros”: plantillas no reconocidas, tanto de profesores como de trabajadores; prestaciones a maestros, administrativos y empleados nominales “no contempladas en el modelo” convenido por la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; un creciente peso financiero del sistema de pensiones y jubilación del personal académico y administrativo, y la ya referida “acumulación de años de déficit, la cual incide en la magnitud de los adeudos al SAT y a los proveedores de Seguridad Social”.

Adicionalmente, la Secretaría de Educación Pública reconoce un menor flujo de recursos por parte de los gobiernos estatales en relación a lo convenido con la Federación y con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; baja en el crecimiento de subsidio federal en los últimos años, en especial en el ciclo 2016-2017; y reducción en los fondos extraordinarios, así como asignación diferenciada del subsidio ordinario per cápita.

Tampoco se debe perder de vista que el financiamiento federal para la educación superior en México bajó de 139 mil 300 millones de pesos en 2016 a 137 mil 255 millones de pesos en 2017, es decir, casi dos puntos porcentuales, lo que provocó faltantes y huecos financieros, los cuales no han podido solventarse al paso del tiempo. Y es que el rubro más castigado en el sexenio de Enrique Peña Nieto que está por concluir, ha sido el de los fondos extraordinarios para la educación superior: pasaron de 8 mil 907 millones de pesos en 2013 a 2 mil 948 millones de pesos en 2018, lo cual representó una caída del doscientos por ciento.

También se empantanó el llamado Fondo de Aportaciones Múltiples, uno de los ocho fondos del Ramo General 33 de aportaciones federales a estados y municipios, y el cual está relacionado con la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación superior. El FAM, único mecanismo de responsabilidad federal en este ámbito, sólo subió de 2012 a 2018 un 20 por ciento, al pasar de $3 mil 156 millones a 3 mil 991 millones de pesos.

Olga Armida Grijalva, académica de la Unison, asegura que “los profesores universitarios no podemos jubilarnos, porque saquearon el ISSSTE, también nos han quitado el seguro; todas las instituciones educativas están desfondadas desde el punto de vista financiero”. Y algo que parece mucho más grave. Grijalva asegura que “la mala situación se refleja en el nivel educativo: no se ve ese compromiso, esa pasión para desarrollar al joven, sino pura simulación; sin buenos planes de estudio, se desvincula la emoción, y ahora los maestros universitarios estamos obligados a juntar puntos para tener más dinero”. Y esa opinión se replica por lo menos en las universidades con peor situación financiera.

Reitero. La mala noticia hoy es el estado financiero crítico de las universidades públicas en México, sobre todo de las de este top diez, pero la buena nota es, no sólo que la UAT no se encuentra en esta lista, sino que además camina por buena ruta, con una administración eficiente y que no quita los ojos de la eficiencia financiera ni de la calidad académica, lo que merece el reconocimiento de los tamaulipecos.

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