Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El auditor superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, confirmó la investigación que se realiza contra la administración de Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú, por el supuesto desvío de casi mil 300 millones de pesos del Fondo de Pensiones. 

Explicó que en las próximas semanas quedará concluida la investigación para atribuir o deslindar responsabilidad de ex servidores públicos, para lo que se estarían llamando a declarar a ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas de ambas administraciones estatales.

Según un medio nacional el desvío se hizo con las aportaciones del trabajador, los préstamos y el seguro de retiro, y de las aportaciones del trabajador a la Caja de Ahorro (CAET), de los servicios del Issste y de la Secretaría de Salud, del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas (Sartet) y del Fondo de Aportaciones para el Retiro (Fartet).

De acuerdo a dicho informe, la Secretaría de Finanzas de las administraciones estatales ya mencionadas, no reportó las retenciones de los trabajadores durante siete años, afectando así a 44 mil trabajadores y siete mil 42 pensionados.

"Si tenemos esa observación que se puede ir a responsabilidad, es un desvió promedio de mil 300 millones de pesos, estamos investigando, son varios años en realidad se viene arrastrando prácticamente antes del 2006, son prácticamente seis años, aproximadamente de los cuales se ha venido haciendo la investigación y auditoria correspondiente para determinarlos”, comentó Espino Ascanio.

Mencionó que dicha investigación quedaría concluida en las próximas semanas y aclaró que sería la Fiscalía Anticorrupción o en su caso la Procuraduría General de Justicia del Estado (PJGE) quien llame a declarar a los ex servidores públicos.

Jorge Espino precisó, “estamos trabajando, precisamente es un trabajo de auditoría que se está realizando, seguimos nosotros cerrando todos los números y una vez que tengamos cuadrado el tema, bueno obraremos en consecuencia”.

“Puede ser cuestión de que se tenga que hacer llamados, darles los tiempos constitucionales que esclarezcan y una vez los términos termine se esclarezca haremos las consignaciones correspondientes las autoridades administrativas y con el orden penal, si es que con ello corresponde”, puntualizó.