Según los datos del Registro Público de la Propiedad del estado de Tamaulipas, a la presidenta municipal, muy pronta a pedir licencia para participar en la reelección por el Ayuntamiento de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, se le conoce ya como #LadyPropiedades, ya que entre ella y su esposo, Carlos Luis Peña Garza, acumulan y tienen registradas hasta 17 propiedades en la mencionada localidad y en la zona conurbada.

Entre los inmuebles que se identifican como propiedades de la pareja presidencial, destacan nueve fincas en la zona centro de Reynosa y alrededores del municipio, todas ellas atribuida su propiedad específicamente a Carlos Luis Peña Garza.

No debemos olvidar que Peña Garza, el consorte reynosense de #LadyPropiedades, también se ha desempeñado como delegado regional de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, y subdelegado del IMSS en la entidad, cargos de los cuales ha salido como tapón de sidra por su proclividad a tomar lo que no es de él, lo que en términos médicos y científicos se conoce como cleptomanía.

En 2007, Maki Esther Ortiz Domínguez ocupaba la Subsecretaria de Salud Federal y desde dicha posición, impulsó a su esposo, Carlos Luis Peña Garza para que llegara como delegado Administrativo de la VIII Zona Regional de CAPUFE, con sede en Reynosa. Sin embargo, el gusto no le duró mucho a la pareja imperial pues tres años y medio después, y directamente desde la Dirección General de Caminos y Puentes Federales, y a pesar de la relación de Luis Carlos con la Subsecretaria, ordenaron el cese fulminante laboral de Peña Garza por irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, las cuales le causaron fuerte quebranto financiero a la dependencia federal. De hecho, hay versiones no confirmadas pero si creíbles, que aseguran que dicho expediente de los malos manejos de Carlos Luis llegó al escritorio del entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, lo que obligó a la salida del consorte de CAPUFE pero lo libró de ir a la cárcel.

La investigación realizada por el área central de CAPUFE anunciaba que se tenían todos los elementos para fincar responsabilidades penales por disponer de recursos económicos para pagar servicios que nunca se brindaron al organismo, pero las “altas relaciones” de la entonces subsecretaria evitaron que hubiera consecuencias legales para su pareja y que fuera a parar a prisión, donde de haberse aplicado la Ley estaría todavía.

Entre otras informaciones, se tuvo la evidencia de que Peña Garza aplicó diversos pagos al Instituto Politécnico Nacional para “impartir cursos de capacitación al personal”, los que nunca se concretaron. Es decir, Peña Garza dispuso del dinero, pero nunca justificó el destino del pago, lo que es, evidentemente, un delito, del cual aún no está exento y de mantener el seguimiento al mismo, Luis Carlos Peña Garza estaría en graves problema de carácter judicial.

De hecho, en su paso por CAPUFE, el cónyuge de la ahora candidata a relegirse como alcaldesa fue amonestado por incumplimiento en declaración de situación patrimonial, procedimiento que quedó asentado en el expediente 2433/2014 de la Secretaría de la Función Pública.

Después de su descalabrado paso por CAPUFE, cinco meses después de esta historia, en el año 2011, y con los antecedentes de haber sido corrido de la chamba por corrupto, Luis Carlos Peña Garza fue a parar, como Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, como parte de una serie de movimientos internos en la delegación Tamaulipas del IMSS, e impulsado nuevamente por su esposa, la entonces Subsecretaria de Salud, Maki Ortiz Domínguez. CAPUFE primero y el IMSS después, dos batazos al hilo para favorecer a su señor. 

Pero volviendo al tema de las propiedades de Ortiz Domínguez y su consorte, y sin una explicación contundente de la adquisición de dichos bienes inmuebles, el tema sigue levantando ámpula entre la clase política y social de Reynosa y Tamaulipas, pero además, sigue levantando sospechas de que, durante la gestión de Ortiz Domínguez al frente de la Presidencia Municipal, la Auditoría Superior de la Federación reportó un probable daño a la Hacienda Pública por 622 millones de pesos por parte del municipio, recursos que siguen sin ser justificados ante el órgano que dirige actualmente David Colmenares.

Por último, se dice que hay 18 millones de pesos de subejercicio correspondientes al año 2016 en el Ayuntamiento reynosenses, de los cuales no se tiene reporte en qué se gastaron ni por qué no se reintegraron a la Federación y se habla que no han ingresado a las arcas públicas y a la contabilidad alrededor de 400 millones de pesos de derechos cobrados pero no informados, entre otros muchos delitos patrimoniales que la señora chihuahuense ha cometido al frente de la administración municipal, lo que de comprobarse es un delito muy grave que podría terminar con las aspiraciones de la candidata a la reelección y, todavía, alcaldesa de Reynosa. Tiempo al tiempo. Y veremos en que termina esta historia.

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