México, (Notimex).- La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, señaló que no puede haber una democracia ni un Estado moderno si no se acaba con la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas.

Al ofrecer la conferencia magistral “El papel del TEPJF como institución garante de los derechos político-electorales indígenas en los Sistemas Normativos Internos”, expuso que la democracia plena tiene que ser realmente representativa e igualitaria para permitir que todos tengan una voz y un voto

Reconoció que la legislación electoral nacional no prevé mecanismos adicionales para regular el ejercicio de los derechos de las comunidades para fortalecer su representación política o el acceso a la justicia.

Explicó que cada una y cada uno, desde sus distintos ámbitos de competencia, debe hacer lo necesario para que desaparezca esa carga, ya que “el acceso a la justicia debe ser una realidad para todos y no únicamente una mera expectativa”.

“No podemos hablar de una democracia y de un Estado de primer mundo cuando millones de ciudadanos no tienen garantizado ni posibilitado su acceso a la justicia en absolutamente todos los ámbitos”, advirtió.

Otálora Malassis subrayó que la democracia plena tiene que ser una democracia realmente representativa y igualitaria, en la que todos y todas tengan una voz y un voto.

“Les puedo asegurar que en el Tribunal seguiremos trabajando para fortalecer y garantizar esta igualdad y esperamos que todas y todos nos acompañen también en este camino, acudiendo no sólo a la Defensoría Pública sino defendiendo cada uno de sus derechos políticos”, manifestó.

Otálora Malassis señaló que, pese a la reforma Constitucional de 2001 en la que se reconoció la composición pluricultural del país y el derecho a los pueblos y comunidades indígenas a su libre autodeterminación, muchos congresos locales no han cumplido con esa obligación hasta la fecha.

Lo anterior, indicó, toda vez que no reconocen ese derecho en sus constituciones o no han emitido las legislaciones específicas que regulen su ejercicio.

De la misma manera la legislación electoral nacional tampoco prevé mecanismos adicionales o especiales para regular el ejercicio de los derechos de las comunidades para fortalecer su representación política o acceso a la justicia.

Ante ese vacío legal que no reconoce la situación particular de las comunidades indígenas y sus integrantes, la justicia no puede quedar ciega, sino que “las autoridades tenemos la obligación de hacerlo realidad, incluso ante la inexistencia de una normatividad específica”, agregó.

“Por ello, en el TEPJF, desde hace muchos años, pretendemos fortalecer la protección e igualdad de derechos de todas las personas, en particular de quienes pertenecen a un grupo vulnerable”, sostuvo.

"Ello -añadió- lo hacemos mediante la realización de otros proyectos y actividades específicas, así como a través de nuestras sentencias”.