Dice el uruguayo Herbert Gatto, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, que pese a constituir un tópico recurrente de la vida cotidiana y merecer desde siempre un importante esfuerzo teórico, las relaciones entre política y moral no son un tema de abordaje sencillo. Prueba de ello es que, frente al actual y generalizado clamor por la moralización de la política, no se advierte que sin los debidos matices ese reclamo podría fácilmente conducir a realizar “actos éticos” de carácter totalitario.

Como ejemplo, un Estado que alegando razones de salud pública impusiera coactivamente a sus ciudadanos una determinada moral cívica, social, sexual o religiosa, podría conculcar sus libertades en estos terrenos. Y en el tema de la política no hay mucha diferencia.

En el próximo proceso electoral local de Tamaulipas del próximo primero de julio, y en el cual habrán de renovarse los 43 ayuntamientos del estado, los candidatos que hoy son alcaldes tienen la posibilidad de no renunciar al cargo y ejercer al mismo tiempo la función de alcalde y la de candidato, lo que a priori parece será muy complicado, porque resultará inevitable mantener el piso parejo para todos cuando los alcaldes tendrán la facilidad de hacer uso de los recursos o lo que es lo mismo “meter la mano a la caja de las galletas. Será esta elección la inauguración de una nueva legislación mezclada con una cultura política complicada como lo es la mexicana. Hay que ver el resultado y analizarlo a posteriori para saber si se cumplió la expectativa o si no.

La decencia, podría definirse como la observación de las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres, en especial en el aspecto sexual. Y yo agregaría, la decencia también debe de ser pulcramente observada en el aspecto político y electoral.

Además, la honradez y rectitud impiden cometer actos delictivos, ilícitos o moralmente reprobables. Pero en México, y más en los últimos tiempos, es difícil encontrar políticos que sepan caminar sobre los valores de la honradez, la rectitud y la moral. Ahí están los casos de Javier Duarte de Ochoa, de Eugenio Hernández Flores y otros personajes que hoy se encuentran en prisión por el uso abusivo de los recursos públicos. Ellos dos sólo son una muestra, un botón, pero de ninguna manera son los únicos.

Y el ser alcalde y ser candidato, si bien no es un acto delictivo, porque la Ley así lo permite, a todas luces es un acto moralmente reprobable. La moral es la aplicación práctica de una idea ética, es la definición de lo correcto y lo incorrecto. Y con base en esa moral, quienes no quieran verse manchados por la sospecha, la duda y el señalamiento popular debe no dejar hueco para ese escenario. Así que alcaldes y diputados, todos candidatos, sería muy sano que se dedicaran a sus campañas y dejaran el ejercicio del cargo públicos.

¿O cómo vamos a explicarle al ciudadano, porque va a suceder, que vamos a utilizar recursos públicos durante una campaña electoral cuando se es alcalde y candidato? ¿Cómo el ciudadano lo va a tomar? ¿Cómo podrá el alcalde evitar no lucrar con los programas municipales cuando sabe cómo se operan y conoce aristas para darle la vuelta a la legislación electoral?

No sería difícil que ocurriera, porque podría pasar, que por redes sociales circulara una grabación en donde se obligue a los beneficiarios de un programa social a acudir a eventos de corte político patrocinados por un presidente o presidenta municipal -candidatos- corriendo el riesgo de que si no acuden o si no acarrean amigos y parientes podrían perder ese beneficio, y a sabiendas de que saben que esa acción es contra la Ley. Pero podría ocurrir, porque ese es un beneficio de quienes sean alcaldes—candidatos por cualquier partido político y de cualquier municipio.

A lo mejor en otros países con otra cultura política esto no sucede, pero en México, en mi México querido claro que ocurre y va a seguir ocurriendo. Y entonces los adversarios, van a llenar la elección de quejas, denuncias, demandas y todos los recursos legales para protestar por lo que está haciendo el candidato-alcalde.

En otro escenario, que es menos probable que ocurra, pero también puede ocurrir, un alcalde al cien por ciento decente, puede cumplir con lo que la Ley le obliga y puede no hacer uso de un solo peso de recursos públicos, pero los adversarios lo van a acusar nada más para “darle sabor al caldo”, para buscar zancadillearlo y buscar dejarlo fuera de la alcaldía. Sería justo, pero no correcto, dijera la Nana Goya. Pero podría ocurrir.

Por ello, lo moralmente correcto es que quienes son alcaldes y aspiran a la reelección dejen el encargo a la brevedad y mientras anden en campaña. Despreocuparse del intenso trabajo y responsabilidad que generan los ayuntamientos y dejar el trabajo en manos de quien le dedique las 24 horas del día a cumplirles a los ciudadanos. Y entonces sí, que los candidatos y candidatas en cuestión puedan irse al jolgorio de las campañas, que también hay que decirlo, no es un trabajo fácil, pero que se respete, ante todo, al ciudadano.

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