La pregunta puede no ser válida, porque si eso fuera cierto, viviéramos en la completa anarquía. Sin embargo, con tantos y tantos pronunciamientos, discursos, sobre el valor de la Constitución y leer, o escuchar, hechos violentos, de personas que fallecen, de funcionarios o políticos que roban millones y millones al erario, saber que hay impunidad de unos y otros por las complicidades, pues de plano pensamos, llegamos a creer, que no hay Estado de Derecho.

Festejamos el 101 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, esa que fue considerada en su momento, como la primer constitución social no de México, sino del mundo por consignar derechos sociales. Y hubo, por todos lados, discursos, hasta los candidatos presidenciales hicieron su aporte, de la valía de la Constitución, de lo relevante y significante de su vigencia… pero, la cuestión es solo una: ¿seguimos creyendo tanto discurso?

ESTADO FALLIDO.

La teoría política nos explica cómo nació el Estado de Derecho: para evitar, dijeron unos, que el hombre –como lobo del hombre-, se autodestruyera; otros, que simplemente, era para vivir mejor, que existiera un ente superior, que buscara el bienestar social, que protegiera la integridad y el patrimonio de todos. El imperio de la ley, no del hombre; incluso, hasta aparece la división de poderes, para evitar que un hombre, solo, tuviera en sus manos tanto poder.

El Estado de Derecho, nos explica en Derecho Constitucional, es el medio para regular el comportamiento del hombre en sociedad; y aparece un principio: el hombre puede hacer todo, si, todo aquello que no le este expresamente prohibido por una norma jurídica; en tanto que el Estado (vía servidores públicos) solo aquello que le está expresamente facultado, otorgado como atribución, por la misma… sin embargo, hoy en día, son innumerables las voces que nos hablan de un Estado fallido.

CONTROL CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

El propio Estado Mexicano ha reconocido su gran falla: no funcionar con calidad y eficacia. La mejor evidencia, sin la menor duda, es que ha creado instituciones, vaya pues, para controlar sus propias acciones: El Poder Judicial y la Procuraduría de Justicia son quienes, por ley, aplican y administran la justicia; pero el pueblo clama corrupción, el gobierno no puede soslayar la realidad, y le da vida a la Comisión de los Derechos Humanos. Si se aplicara la ley, no sería necesaria.

Como muchos servidores públicos violentan, digamos los principios juaristas, de vivir con la medianía de su salario, bien que sabemos, los gobiernos de la revolución –y también los que no lo son-, han engendrado a nuevos ricos. Por eso, algunos gobiernos –populistas-, hasta prohíben a sus miembros que se saquen la lotería o que reciban herencias de sus abuelitos, porque esa era, sin duda, la mejor forma de encubrir el constante saqueo de las arcas públicas. Para nada ha servido la Secretaria de la Función Pública (antes Contraloría), ni los esquemas de rendición de cuentas, de acceso y transparencia de la información. Y es que, sin la menor duda, los hechos casi cotidianas dan al traste con discursos de honorabilidad y honestidad.

¿IMPERA LA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO?

Ayer en twitter Ricardo A. Uvalle, explicar que existen muchas definiciones de lo que significa una Constitución, afirma que “su grado de cumplimiento es indicativo de qué tanto impera la vigencia del Estado de derecho”. Lo cual, sin duda, nos lleva a otra pregunta: ¿Qué tanto, si, que tanto, impera ese Estado de derecho, porque de manera cotidiana conocemos hechos que nos indican lo contrario: impunidad que fortalece la corrupción.

Van solo unos hechos: Florence Cassez, secuestradora, y Caro Quintero, narcotraficante, quedaron en libertad por el simple hecho de “violar el debido proceso”, en otras palabras: no hacer bien el trabajo de investigación e integración de los expedientes penales. Nos acabamos de enterar que la justicia española negó la extradición de Javier Nava: acusado  de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La razón, que el expediente, las evidencias y argumentos, no prueban que es responsable de los delitos que le imputan. No hicieron, pues, bien las cosas… y anda en libertad, disfrutando los miles o millones de pesos que se robó.

CORRAL: 700 A 900 MILLONES.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, reclamo en un inicio 700 millones que, por convenio le había ofrecido la Federación. Entre reclamos y diretes, la Federación dio una y mil excusas, justificaciones; Corral organiza una marcha y exige que se extradite a Cesar Duarte, su antecesor, también porque se robó dinero del pueblo. En el estira y afloje, en sus negociaciones con el Secretario de Gobernación gana y cede: no le darán 700, serán 900 millones, a cambio, accede a que se traslade a otro penal a Alejandro Gutiérrez, acusado de triangular dinero para la campaña del 2016. Ya no sabemos quién extorsiona a quien: pero, ¿Dónde queda el Estado de Derecho?

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Melitón Guevara Castillo

Licenciado en Administración Pública (UAT),  Doctor en Comunicación y Periodismo (Universidad de Santiago de Compostela).

Profesor Emérito de la UAT. Líder del Grupo de Investigación “Democracia y Comunicación Política” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Victoria, Tam.,).

Representante en Tamaulipas de la Red Nacional de Investigadores de la Calidad de la Democracia.  

Escribe la columna política DESDE ESTA ESQUINA, desde 1984 en El Diario de Cd. Victoria y actualmente en Hoy Tamaulipas.