Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objeto de atender de forma inmediata la recomendación 8VG/2017 recibida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respecto a violaciones a los derechos humanos en un hecho del 2012, la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales, instruyó diversas acciones a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública.

A la Procuraduría de Justicia se le instruyó que colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la CNDH formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas en contra de las autoridades responsables para que se inicie la averiguación previa que en derecho corresponda para investigar a los servidores públicos que intervinieron en los hechos ocurridos en mayo de 2012.

Así mismo en cumplimiento a la recomendación de la CNDH se solicitó al titular de la Procuraduría General de Justicia que se imparta un curso a los agentes del Ministerio Público para el acatamiento de las disposiciones jurídicas relativas a la atención de los Derechos Humanos de las víctimas del delito durante la integración de las averiguaciones previas y se envíe a la CNDH la constancia que acredite su cumplimiento.

Que de igual manera colabore ampliamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el trámite de la queja que ese organismo constitucional promueva ante la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas ante las autoridades responsables.

En caso de que la responsabilidad administrativa haya prescrito se deberá anexar el expediente personal de los servidores públicos señalados como responsables de violaciones a derechos humanos copia de la determinación que emitan los respectivos órganos de control y vigilancia.

También se giraron instrucciones al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a efecto de que en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Nacional de Seguridad realice un diagnóstico sobre las rutas de tránsito de migración identificadas con alto riesgo para la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de personas migrantes.