El debate por la destitución del hoy ex Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), hizo crisis en el Senado de la República, cuando se esperaba que las diferentes fuerzas políticas representadas en la cámara alta debatieran el regreso de Santiago Nieto o su cese definitivo del cargo, “ordenado”, presuntamente, por el encargado del despacho de la procuraduría General de la República, Elías Beltrán, aunque en los mentideros políticos más importantes del país, se dice que la orden de este cese viene desde la cúpula más alta del poder en México.

Pero de ninguna manera el problema se reduce sólo el cese del funcionario federal, ya que también se dio vista a los órganos internos de la Procuraduría General de la República para que determinen si Santiago Nieto Castillo cometió delitos contra la administración de la justicia y violó la reserva de datos de una investigación. En caso de resultar culpable el ex titular de la FEPADE podría ser condenado a una pena que va de cuatro a diez años de prisión, como lo ordenan los artículos 225 del Código Penal Federal y el 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

De acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría General de la República, la salida del funcionario no ha generado parálisis en la FEPADE y siguen su curso las investigaciones del presunto financiamiento ilegal al PRI en 2012, relacionado con recursos de Odebrecht y el caso de sobornos por 10.5 millones de dólares que involucran a funcionarios de Petróleos Mexicanos, concretamente al ex director de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin.

El presunto motivo del cese del funcionario federal fue "por violentar la estricta reserva sobre investigaciones en curso, en contravención a lo ordenado por el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales", aunque lo que se dice fuerte y quedito es que no gustó la investigación sobre los sobornos generados al gobierno mexicano, concretamente durante la campaña presidencial del 2012, al candidato del PRI.

Arturo Santana del PRD, acusó que Elías Beltrán, a quien por cierto acusan de no cumple los requisitos para ocupar el encargo de Procurador General de la República, porque al revisar sus antecedentes profesionales, arroja que su cédula profesional, egresado de la Escuela Libre de Derecho, está registrada en el año 2011 y para ser procurador General de la República se requiere por lo menos tener 10 años en el ejercicio con su título profesional de licenciado en Derecho, lo cual no cumple.

Además, para ser procurador sustituto, la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 18, establece que quien supla al titular deberá de reunir también los requisitos que para el mismo caso le piden al procurador General de la República, lo que en este caso no sucede.

La historia del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, incluye haber procedido penalmente, de manera insólita, contra el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, el pevemista Arturo Escobar y Vega, lo que resultó peculiar. De estirpe priista en Querétaro, su padre padeció la concertacesión salinista en San Juan del Río, y su impulsor clave ha sido Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero electoral y personaje allegado a Andrés Manuel López Obrador.

El caso es que hoy, cuando debió haberse discutido la permanencia o no del fiscal Santiago Nieto en la FEPADE, los senadores priístas y pevemistas no acudieron a la sesión, lo que generó que no hubiera quorum legal para iniciar los trabajos en el Senado, lo que en el argot se conoce como reventar la sesión. Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva, habló sobre la decisión de que la Junta de Coordinación sea quien decida el futuro de Santiago Nieto.

Cordero Arroyo señaló que los senadores cuentan con 10 días hábiles para discutir y analizar el problema de la destitución o restitución de Santiago Nieto como titular de la FEPADE, porque una vez transcurrido ese tiempo la decisión causa ejecutoria y, entonces sí, nada se podrá hacer.

La discusión sobre el cese o restitución de Santiago Nieto es un tema central para el país y con una resolución negociada, dialogada, los senadores podrán demostrarle al país que tienen alcance de miras para poner por delante los intereses del país y no los intereses de grupo.

Para tomar una decisión correcta, los Senadores de las diferentes fuerzas políticas deben escuchar a ambas partes para llegar a dar una solución definitiva y apoyada por las mayorías. De no ser así, de otra manera, pondrían en riesgo el Agregó que se tiene que oír a las dos partes, tanto al ex titular de la FEPADE, como al encargado de despacho de la PGR.

Por lo pronto, el Senador Manuel Bartlett calificó como un golpe brutal a la democracia la decisión de eliminar a Santiago Nieto de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales

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