México,(Notimex).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un amparo en revisión en el que se reclamó la inconstitucionalidad de un artículo del Código Penal para el Estado de Hidalgo, por el que se negó la interrupción del embarazo a una menor producto de una violación.

La Primera Sala del máximo tribunal del país sostuvo que el conocimiento del asunto representa una oportunidad para que extienda su doctrina sobre el contenido y alcance de los derechos reproductivos de la mujer.

Ello, específicamente los que comprenden el derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación, intimidad, así como a decidir el número e intervalo de sus hijos, también conocido como el derecho a la autonomía reproductiva, entre otros.

Lo anterior resulta de interés, porque ello permitirá establecer, entre otras cuestiones, si ese grupo expresa su posibilidad de decidir de manera autónoma sobre su capacidad reproductiva tratándose de mujeres mayores o menores de edad.

Y por tanto, si las condiciones previstas en la norma impugnada constituyen un límite admisible a esa autonomía reproductiva, al exigir la autorización de la autoridad ministerial para procurarse la interrupción de un embarazo producto de una violación.

Además, determinar si este requisito resulta una carga desproporcionada para el ejercicio de ese derecho, máxime en casos como éste, en el cual quien solicita la interrupción del embarazo es una persona menor de edad.

El asunto también podría conllevar el estudio específico sobre distinciones legislativas basadas en razón del género y el rol de las normas jurídicas como conformadoras de realidades discriminatorias y excluyentes.

Así, existe interés social, histórico, jurídico y político en el presente asunto pues la decisión que se llegue a tomar, podrá determinar o incluso redefinir los términos en que debe salvaguardarse la integridad de las mujeres que son víctimas de violencia sexual, máxime cuando se trata de una niña.

La interrupción del embarazo está regulada en prácticamente la totalidad de legislaciones penales de la República, aunque con modalidades y requisitos diferenciados, por lo que la resolución del presente asunto podría tener impacto en normas similares vigentes en el orden jurídico nacional.