El Sistema DIF Tamaulipas que preside la Señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, puso en marcha este lunes en Reynosa, y en compañía del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el programa “nuestros niños, nuestro futuro”, el cual busca que menores niños, niñas y adolescentes que se han quedado en la orfandad, resultado de la ola de violencia que afecta al estado, sean apoyados en lo económico, en lo educativo, en lo emocional y en lo terapéutico, junto con sus familias, gracias a un original modelo de gestión en donde se involucra el Gobierno de Estado, el DIF Tamaulipas, la iniciativa privada y la sociedad tamaulipeca, quienes aportan recursos para costear todos estos beneficios.

En su mensaje, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, dijo que “siempre escuchamos de acciones que se implementan para abatir los índices de criminalidad, pero dejamos de lado los aspectos sensibles que son la semilla de nuestro presente y nuestro futuro: nuestros niños que son víctimas de las guerras de los adultos”.

La presidenta del DIF Tamaulipas sentenció que “parecía que eran pequeños que pasaban inadvertidos, ninguna institución se había preocupado de ellos y ahora ellos viven en viviendas de sus familiares, y es precisamente a esas familias a quienes estamos integrando porque, al crecer sus miembros también se multiplican sus necesidades y requieren de todo nuestro respaldo. Vamos a llevarles Luz y Esperanza", expresó la esposa del Gobernador de Tamaulipas, quien señaló que los menores están recibiendo apoyo económico y psicológico a través de la Secretaría de Salud, de Educación, de Bienestar Social, de Seguridad Pública, de la Procuraduría de Protección a los niños y niñas de Tamaulipas.

Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca reveló que se busca que los menores cuenten con un padrino, el cual otorgará una beca mensual de 500 pesos para apoyarlos en sus gastos de manutención, la comprar de útiles escolares, así como atención médica.

Pero, ¿de qué tamaño es el problema de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia? En nuestra entidad el padrón podría ser del orden de los veinte mil niños.

De acuerdo con un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2014, y tras nueve años de lucha contra el crimen organizado en México, se calcula que había para ese entonces más de 27,000 desaparecidos, más de 127 mil familias tocadas por la violencia; y al menos 50,000 niñas, niños y adolescentes que perdieron al menos a uno de sus padres en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, de acuerdo con el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns, publicado en abril de 2014.

Además, organizaciones de protección a la infancia calculan que entre 30,000 y 50,000 infantes están involucrados con el crimen organizado en delitos como contrabando, secuestro y extorsión, y datos oficiales de la Procuraduría General de la República indican que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fueron detenidos 212 “niños delincuentes”.

De esa proporción es el problema de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia que vive nuestro país y que crece día con día en un contexto de una lucha a la que no se le ve fin.

Es claro que las niñas, niños y adolescentes es uno de los grupos más afectados por la violencia y el actuar del crimen organizado. Y hasta hoy, las respuestas de los Estados no habían sido suficientes para prestar una adecuada protección a la niñez, para garantizar sus derechos y prevenir que sean cooptados, utilizados y explotados por la delincuencia.

Las niñas, los niños y los adolescentes de hecho representan uno de los grupos más afectados por diversas formas de violencia y vulneraciones a sus derechos, así como por el actuar de la delincuencia y por las políticas de seguridad ciudadana de carácter represivas.

El informe concluye con una serie de recomendaciones a los Estados para hacer frente a la violencia y la inseguridad a través de políticas públicas que tengan un carácter integral y holístico y que consideren la centralidad de los derechos humanos y garanticen efectivamente la vigencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo que no ha ocurrido o ha ocurrido muy parcialmente, por desgracia.

Uno de los datos más alarmantes ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Violencia, niñez y crimen organizado”, es que a partir de los 10 años, los niños mexicanos son susceptibles de ser integrados a la larga cadena de la delincuencia y tráfico de estupefacientes, lo que limita las posibilidades de reinsertarlos a la sociedad de la cual fueron expulsados.

Por su parte, el Estado mexicano ya ha reconocido que hay aproximadamente un millón y medio de niños, de 5 a 17 años, que no estudian ni trabajan, quienes son más fácilmente cooptados y explotados por el narcotráfico y la delincuencia.

América Latina es el continente de mayor violencia en el mundo, donde el homicidio es la principal causa de muerte entre los niños y adolescentes –en una tasa de 30 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y el de mayores desigualdades sociales.

Los niños, niñas y adolescentes que han perdido a algunos de sus padres o a ambos, llamados “hijos de la guerra”, no han sido atendidos por el Estado mexicano bajo el argumento que se trata de un problema que debe ser resuelto en el núcleo familiar.

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo recomendaciones en 2011 al Gobierno federal para diagnosticar la violencia contra menores: heridos, detenidos, desplazados como crear programas de desvinculación para atender a niños víctimas del crimen; atender a niños en zonas de conflicto, como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, y crear programas para ayudar a explicar y proteger la realidad a los infantes.

Y mientras que la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha fallado en su obligación de proteger y prevenir que menores de edad se conviertan en criminales; los legisladores, organizaciones, padres de familia y la sociedad civil en general han denunciado que la violencia que atraviesa el país, así como la falta de oportunidades y políticas públicas en la materia, han afectado la integridad de los niños mexicanos.

El Informe Alternativo sobre la situación de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en México, publicado en 2014 por la Red por los Derechos de la Infancia en México, da cuenta de cómo la violencia ha afectado directamente a los menores de edad, y de la vulneración que muchos de ellos ha tenido en sus vidas porque alguno de sus familiares fue víctima de un delito.

“La violencia es un hecho que significa una ruptura en tu vida, en tu cosmovisión, y cuando esta violencia se comienza a generalizar en tu entorno comunitario, lo escuchas en las noticias y en todos lados, va generando sensaciones de inseguridad y de falta de confianza”, comentó el director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, sobre el impacto que la violencia tiene en las niñas, niños y adolescentes.

El especialista en derechos de la infancia agregó que el país ha mantenido un contexto de violencia generalizada durante los últimos diez años. Para ilustrar una consecuencia de ello, arroja un dato de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública: siete de cada 10 adultos ya no dejan salir a los niños a la calle por miedo a la inseguridad.

“Esto tiene muchas implicaciones negativas: [los niños] tienen menos actividad pública, menos redes sociales positivas, mucho más tiempo en la pantallas de su casa, vida sedentaria y quizás alimentos poco apropiados, y esto trae un efecto contraproducente, además de que esto los deja en vulnerabilidad porque no aprenden a desarrollar habilidades de protección”, detalló.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dado a conocer en 2014, reveló que México es el primer lugar mundial en casos de bullying en el nivel de educación básica, afectando a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria.

Expertos de la Universidad Iberoamericana coincidieron en que el acoso escolar no se puede resolver sólo desde las escuelas y opinaron que la reacción de los legisladores es “remedial y parcial”. Durante la reflexión académica “Bullying: ¿Reflejo de un México violento?”, los especialistas coincidieron en que los menores lastiman cada vez más a sus compañeros y que se trataba de un problema totalmente social causado por la propia violencia del país y la falta de políticas públicas.

Nadie, hasta hoy había ido al fondo del problema. Aspirinas por aquí, mejoralitos por allá. Pero entrarle de esta manera, frontal y decidida para ayudar a estos niños, niñas y adolescentes, víctimas de la violencia que nos afecta en Tamaulipas, nadie hasta el día de hoy, por lo que hay que reconocer que este programa es un gran paso en la solución de este problema tan complejo y un ejemplo nacional. Le comentaba que se calcula que este grupo de niños, niñas y adolescentes “hijos de la guerra”, podría en Tamaulipas ser superior a las veinte mil personas y que de ese tamaño es el tamaño de reto, el cual, lamentablemente, irá creciendo mientras en nuestro país no se le encuentre una solución al problema de la violencia y la delincuencia.

Por lo pronto, Tamaulipas, con la creatividad, la entrega y el empuje de la presidenta del DIF Estatal, está dando ejemplo de que, si se puede y, por lo tanto, de que querer es poder.

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