Tampico, Tamaulipas.- Por la falta de pago de facturas acumuladas desde el 2016, una empresa sinaloense dedicada al ramo de la panadería demandará a la empresa Comercializadora y Promotora Juárez con sede matriz en Ciudad Victoria y oficinas en Tampico.

Gustavo Juárez Torres, propietario de una panadería en el municipio de Mazatlán, manifestó que dicha empresa se ha negado a pagar 26 facturas con un monto superior a los 246 mil pesos, lo que ha hecho que ese negocio se vaya al colapso.

La Comercializadora y Promotora Juárez contaba con la concesión de los comedores de las tres escuelas Náuticas de México, entre ellas la de Mazatlán.

Refirió que ha solicitado el pago en las oficinas de Tampico en donde se encuentran concentrado a la fecha su personal, sin embargo ha sido en vano, toda vez que refieren que al perder la concesión de Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA) no les ha sido posible.

Pero las facturas que le adeudan son desde el 2016 y la concesión les fue retirada en el mes de enero del presente año, por lo que refirió que ante la situación de falta de pago de las 26 facturas con monto total de 245 mil 868.50 pesos, procederá legalmente.

Esta empresa ubicada en el Boulevard Adolfo López Mateos, frente al Aeropuerto Internacional de Tampico, aún usa un vehículo con calcomanías del Gobierno Estatal pasado, uno de los principales proveedores, en este caso de despensas para utilizarse en campañas políticas y programas sociales.

Juárez Torres detalló que su empresa está a punto de quebrar ante el adeudo que tiene esta empresa, que por cierto en el 2015 ganó una demanda por falta de pago por el orden de los doce millones de pesos al Gobierno municipal de Altamira.

En su momento quien fuera alcalde Armando López Flores, informó que se tenía ese adeudo y que provenía de la administración 2007-2009 que presidió Francisco Javier Gil.

El municipio de Altamira, según versión del ex alcalde, tuvo que pagar bajo negociación la cantidad de 9 millones 809 mil 397 pesos, cuando el saldo inicial no pasaba de los seis millones de pesos, esto luego de que un juez ordenara el embargo de los bienes municipales en caso de incumplimiento de la deuda.