En primer lugar debemos reconocer que Tamaulipas es uno de los seis estados que ha hecho bien su tarea de arrancar el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en tiempo y forma. A diferencia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en Tamaulipas ya fue nombrado el Fiscal Estatal, y en esta semana se recibirán los candidatos a ocupar los cinco cargos de Consejeros Ciudadanos del SEA.

Para ello, desde hace más de un mes fue electo por los diputados del Congreso del Estado, la Comisión de Selección del comité ciudadano, misma que ha estado recibiendo los candidatos desde la semana pasada, cerrando la fecha de solicitudes el próximo viernes de acuerdo a la Convocatoria pública.

Para este trabajo colegiado y ciudadanizado, se lleva a cabo actualmente una gran jornada ciudadana, donde la sociedad civil, las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, junto con los organismos empresariales, profesionistas y universidades, buscan romper con el viejo paradigma de la cultura de corrupción e impunidad, que tiene sumida a la sociedad mexicana y tamaulipeca en los más bajos niveles de competitividad y escasez de valores éticos.

Me permito sobre este interesante tema, hacer algunas reflexiones sobre el papel de la sociedad y la participación ciudadana en este proceso histórico, así como las propuestas de operación y de actuación que se llevan a cabo para integrar la Comisión Ciudadana.

Primero, debemos partir de la premisa que es fundamental que los tres niveles de gobierno, universidades, organizaciones civiles y empresariales, junto con la sociedad organizada y los ciudadanos comunes, logren  organizarse para encontrar de manera conjunta y transversal, y se alcancen los medios de participación con ideas sociales innovadoras y sin corte político partidista, para llevar a cabo el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones sociales, económicas y  políticas de gobierno, para contar en el corto plazo con una gobernabilidad acorde a nuestros tiempos.

Es válido reconocer que en el tema de la corrupción y su hermana la impunidad, son coparticipes tanto el gobierno, los servidores públicos, así como los ciudadanos y los propios empresarios, esto significa que se debe de partir, de un manejo integral y no parcializado, de las causas y efectos de este mal que aqueja a toda la sociedad mexicana y tamaulipeca.

Una sociedad que no reconoce este principio de orden, y que no participa activamente en las decisiones públicas de sus gobernantes, no puede exigir a cambio que las políticas públicas, sus instituciones y su normatividad sean justas y claras para todos los ciudadanos en un país.

Para que el diseño de las nuevas políticas públicas, y la revisión de las pasadas, que tienen que permanecer, sean acordes al mecanismo conocido como la Nueva Gestión Pública (NGP), se requiere que las acciones de implementación, gestión y evaluación sean innovadoras, y tomen en cuenta la acción colectiva de la sociedad, implementando redes de acción ciudadana, donde las necesidades sociales y económicas de la población sean  tomadas en cuenta y determinen posibles soluciones con gestiones más justas y redistributivas.

Deberemos de partir de una nueva forma de concebir este problema, evitando caer solamente en las llamadas acciones coercitivas y penales, porque la mejor manera de atender los problemas de orden social, es a través de actividades preventivas y educativas, por lo que se propone que se establezcan programas directos de orientación y valores culturales que definan el rol del individuo y la sociedad con respecto a la corrupción y la impunidad.

Bajo los principios de gestión, transparencia y prevención, deberemos fomentar una nueva cultura de la legalidad, tanto del sector público, privado y social, que abarque a los ciudadanos de todas las edades, de cualquier partido político, sin limitar las creencias religiosas, de género y sexo, para que actuemos con honestidad y responsabilidad.

Se debe respetar la igualdad de oportunidades de acción y representación, donde los políticos, gobernantes y servidores públicos, así como los cinco integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana, sean hombres y mujeres en igualdad de condiciones y con niveles probados de seriedad, integralidad civil, moral y ética.

El primer paso en Tamaulipas, está dado con la participación del actual Comité de Selección del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, integrado por cinco hombres y cuatro mujeres de probada capacidad y honorabilidad…

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.