México, (Notimex).- El diputado Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, propuso modificar el Código Penal Federal para castigar con cárcel a quien tenga conductas que atenten contra la dignidad y los derechos de toda persona.

La propuesta de modificación pretende sancionar con cárcel, de uno a tres años, trabajo a favor de la comunidad y con multa de hasta 200 días, a quien promueva, fomente o incite al odio, la violencia o la discriminación.

Explicó que cuando esas expresiones se difundan a un número elevado de personas, a través de algún medio de comunicación o del uso de tecnologías o mecanismos de difusión masiva, dichas penas se incrementarán en una mitad.

“El discurso de odio puede generar un clima de discriminación y trivialización o justificación de delitos como feminicidios y violación de derechos fundamentales de grupos vulnerables”, refirió Castañeda Hoeflich en el documento que fue turnado a la Comisión de Justicia.

El secretario de la Comisión de Gobernación, explicó que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 83, establece sanciones a quien promueva el odio, la violencia y la discriminación, las cuales “distan de ser un mecanismo efectivo de coacción que inhiba las citadas conductas”.

Agregó que la Constitución, en su Artículo 1°, contiene el antecedente legal de mayor trascendencia para inhibir esos discursos.

Prohíbe “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre los límites a la libertad de expresión frente al discurso de odio y la violencia, que va más allá de la mera manifestación de una idea o una opinión, debido a que genera un clima de discriminación e impunidad.

En el ámbito internacional, mencionó, existen instrumentos de los que México forma parte, que obligan a los Estados a combatir los discursos de odio y condenar la propaganda que inspire o incite a la violencia y la discriminación, y establecen la obligación de legislar lo necesario para combatir y sancionar dichos actos.