México,(Notimex).- El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este martes el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna) 2016-2018, que contiene las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores prioritarios en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral y especial para este grupo poblacional.

En México, representan un tercio de la población nacional, de ahí que el programa establece el interés superior de la niñez como el centro de las acciones públicas a nivel federal, en cumplimiento con lo establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se trata del primer programa especial que responde al nuevo paradigma de derechos para este grupo poblacional, establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se informó en un comunicado de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Para su elaboración se contó con la opinión y participación de los tres Poderes de la Unión y de los gobiernos federal, estatales y municipales, organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil e internacionales, así como de los sectores privado y académico.

Por vez primera participaron de manera activa  niñas, niños y adolescentes, quienes fueron consultados en talleres organizados a nivel nacional y cuyas propuestas e inquietudes se traducen en 22 líneas de acción.

El texto fue aprobado durante la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y se conforma por cinco objetivos generales, 33 estrategias, 236 líneas de acción, 12 indicadores, 35 instancias coordinadoras de la ejecución de las líneas de acción, y vinculará a toda la administración pública federal.

Con la publicación del Pronapinna 2016-2018, el gobierno de la República reafirmó su compromiso de garantizar los derechos humanos de más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes, y con ello generar las condiciones para que alcancen su desarrollo integral, como responsabilidad prioritaria del Estado mexicano.