Uno de los grandes problemas que no permiten consolidar la economía mexicana es la piratería, un crimen que “se persigue de oficio”, y que, sin embargo, al menos la mitad de los mexicanos no la considera un delito grave ni la ve como algo que la autoridad deba de castigar.

Según el estudio “Piratería: entendiendo el mercado sombra en México”, realizado por la American Chamber of Commerce of México y el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., alrededor del 50% de los encuestados no ve a la piratería como algo grave y 48% compra productos ilegales porque, aseguran, las autoridades no lo castigan. “La gente se acostumbró a que es -la piratería- parte de nuestra vida cotidiana”, explicó Federico de la Garza, presidente de la Motion Picture Association.

Para el 53% de la población mexicana, en nuestro país no se cumplen las leyes y ése es uno de los principales orígenes de la delincuencia.

Tan sólo en el 2014, se estima que el “mercado sombra” del sector ilegal generó al país una pérdida por más de $43,000 millones de pesos, sin contar el valor de los aseguramientos, las pérdidas de empleos formales, la baja en la recaudación y los impactos en la salud y la seguridad de los consumidores.

¿Cuánto son 43 mil millones de pesos? Este monto representa casi el 100% del presupuesto de Tamaulipas en el 2017 o 28% más que el presupuesto total para el 2015 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 34 veces más que el presupuesto 2015 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y una pérdida recaudatoria de poco más de 6,000 millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado. De ese tamaño es el daño que la piratería hace al patrimonio de los mexicanos.

En México, lo que más se piratea es lo digital: la música, el software, y las películas. Así lo asegura 53% de la población que utiliza Internet, quienes reconocen haber descargado de manera ilegal y con una frecuencia significativamente alta, este tipo de contenidos.

El reto para México es diseñar mecanismos que permitan contrarrestar esta cultura de la ilegalidad.

Primero, se debe generar una campaña masiva de medios que busque concientizar a los mexicanos sobre los efectos negativos y los riesgos que impone la piratería sobre el bienestar individual de las personas, así como el vínculo que existe entre la venta de productos piratas y las actividades del crimen organizado. El tema central de la campaña sería difundir que las violaciones a la propiedad intelectual son delitos graves y de alto riesgo, que afectan el desarrollo de las empresas, la creación de empleos formales, la seguridad de los consumidores y las finanzas públicas.

Además, se debe promover la tolerancia cero para quienes producen y venden piratería, mediante el monitoreo de las autoridades, una aplicación rigurosa de la ley y la mejora de las lagunas regulatorias que permiten la fácil comercialización nacional y transfronteriza de estos productos. Pero la piratería física está siendo superada por la piratería digital. Por ejemplo, hoy, en el mercado informal se venden USB o discos duros con programas de computadora, miles de canciones o películas precargadas.

Para Enrique Guillén, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el contrabando y la piratería en México le cuestan al país alrededor del 1.25% del PIB lo que en cifras equivaldría a 236 mil 800 millones de pesos, lo que motiva que la piratería sea, pues, el segundo delito que más preocupa a las autoridades, después del narcotráfico. Los sectores con mayor vulnerabilidad ante la piratería, dice Guillén, son los vinos y licores, cigarros, libros y acero.

Por su parte, Salvador Quesada, director de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, ha expuesto que en dicha industria ha ingresado varilla china que sólo cuenta con el 15% de fortaleza de la que tiene la varilla mexicana, lo que quedó demostrado al efectuarse pruebas de calidad; sin embargo, la varilla china es mucho más barata y ello provoca que quienes la utilizan reduzcan sus gastos e incrementen sus ganancias, aunque para ello pongan en riesgo la vida y el patrimonio de miles de mexicanos.

Por último, tomando en consideración la “Cuarta encuesta de hábitos de consumo de productos pirata y falsificados”, realizada por el mismo instituto, se obtuvo como resultado que ocho de cada diez personas han comprado un producto pirata alguna vez y que los productos que más se consumen son: películas, música, calzado, ropa, textiles y perfumes.  Lo cultura de la legalidad en el consumo es primordial por varias razones: primero, porque con la piratería se fractura la innovación y la investigación, segundo, porque se pone en riesgo el trabajo de cientos de miles de personas; tercero, porque se adquieren productos de mala calidad con riesgos reales para el consumidor;  y cuarto porque se crea una economía paralela que daña las finanzas públicas y como consecuencia la disponibilidad de recursos para el desarrollo.

Deben reforzarse, pues, las acciones orientadas a la cultura de la legalidad y hacer visibles los problemas que se crean al consumir productos de origen “pirata”, particularmente por su vinculación con el crimen organizado, además se incentiva la evasión fiscal, se daña la propiedad intelectual, se afecta el trabajo honesto de hombres y mujeres, así como la inversión económica.  La economía de la piratería es de suma cero en términos de desarrollo público: todos pierden menos la delincuencia.

Y para muestra baste un botón: la reproducción y exhibición de películas fuera de la ley amerita sanciones que van desde 10 años de prisión y hasta 20,000 días de multa, además implica una reparación de daños de 40% sobre la ganancia obtenida. Tan sólo en 2015, la Procuraduría General de la República realizó 700 operativos, abrió 1,500 carpetas de averiguación y aseguró 9 millones de productos pirata.

Ana María Magaña, directora general de Motion Picture Association (MPA), explica que México figura en la lista de los 50 países con más piratería alrededor del mundo y en América Latina, dice, el país está entre los primeros siete. De ese tamaño es el problema y de ese tamaño es el reto que tienen las autoridades mexicanas.

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