El proceso electoral del próximo año será histórico. Sin anticipar quien podría ser el candidato o el partido ganador en la elección federal del domingo primero de julio del 2018, nos debe quedar clara la importancia de lo que habremos de vivir todos los mexicanos.

Y es que, sin duda, ciudadanos, candidatos y partidos deberemos estar luchando por encontrar una nueva ruta de desarrollo que lleve como principales acciones el combate contra el flagelo que representan la corrupción y la impunidad, lo que de ninguna manera será fácil y tampoco deberá quedarse sólo como retórica de campaña. El candidato presidencial que quiera tener éxito en esa elección deberá comprometerse a enfrentar con toda energía la impunidad y la corrupción desde sus raíces, para dar a nuestro país la esperanza de un nuevo horizonte para las próximas generaciones.

La corrupción y la impunidad se han convertido en un serio, grave diría yo, problema para México. Y aunque pareciera que estamos acostumbrados a vivir con estos fenómenos, hoy la descomposición social ha alcanzado niveles nunca antes vistos, a tal grado que se ha perdido el temor a no cumplir con la Ley.

Y es tan grave la corrupción que el costo que tiene que asumir la población mexicana es muy alto. De acuerdo con estimaciones de especialistas en el tema, tan sólo en 2015 se calcula que la corrupción costó 906 mil millones de pesos, lo que corresponde más o menos al cinco por ciento del Producto Interno Bruto de ese año.

Adicional, la corrupción es el segundo de los temas que más preocupa a los mexicanos, al concentrar el 51 por ciento de las preocupaciones de las personas, superado sólo por la inseguridad y la delincuencia, de acuerdo con la segunda edición del estudio México: Anatomía de la Corrupción del IMCO.

Sin embargo, para algunos especialistas, este es un cálculo muy conservador, y en otros estudios se llega a estimar que el costo de la corrupción podría alcanzar hasta un diez por ciento del Producto Interno Bruto.

Lo que resulta cierto, es que la corrupción está presente todos los días en la actividad económica nacional, en los diferentes niveles de la población, lo que ha llevado a México retroceder en los principales indicadores internacionales anticorrupción. Hay corrupción desde el trato del ciudadano común que tiene que enfrentarse con los agentes de tránsito en algún municipio de México, hasta los moches que empresarios tienen que pagar por ser proveedores del gobierno, los cuales se han incrementado del diez por ciento (el famoso diezmo) hasta un 25, un 30 y un 40 por ciento, en algunas administraciones del país. La corrupción, pues, es un problema grave al que la nueva administración federal tendrá que atender de inmediato.

El otro problema es la impunidad, que debemos entender como una excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito. Para que usted querido lector se dé una idea de la gravedad de la impunidad, la UDLA Puebla elaboró el Informe Global sobre la Impunidad en el cual se revela que sólo 7 de cada 100 delitos se denuncian, y de estos sólo hay 4.46 de sentencias condenatorias. Según el mismo estudio, en 2015, México aparece en el segundo lugar de los países más impunes sólo detrás de Filipinas. La percepción externa de la corrupción, la impunidad y la inseguridad, afectan el clima de inversión y el Estado de derecho en México y mientras estos problemas no se resuelvan, se ve difícil cambiar el destino de México.

Y de ahí se desprenden los Javieres Duartes de Ochoa, los Cesares Duartes, los Robertos Borges, los Robertos Sandovales, personajes que llegaron a los gobiernos estatales “para servir a sus electores y conciudadanos”, y al término de su gestión, huyen del país y son encarcelados en otras latitudes esperando su extradición a México y esperando también que regresen los recursos públicos que se llevaron, abusando del cargo.

 Tristemente, y no es que mal de muchos consuelo de tontos, pero  el problema de la corrupción no es sólo un cáncer de México, lo cual no le quita gravedad a nuestros problemas. El Banco Mundial señaló que tan sólo en 2014, se pagó un billón de dólares en sobornos, frente a una economía mundial que valía 30 billones en ese entonces, sin considerar el desvío de los presupuestos y patrimonios públicos.

 Reitero, los principales problemas a los cuales deberán ofrecer propuestas de solución quienes quieran ser candidatos a la presidencia de México, son la corrupción y la impunidad, cuyos costos económicos son muy graves, pero los costos sociales son peores.

Ariel Longoria García es el nuevo Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno de Tamaulipas. El nombramiento le fue entregado al nuevo funcionario por el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, quien le pidió dar el mayor esfuerzo en esta encomienda.

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