Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), no han acreditado la protección policiaca a la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, reveló el ombudsman de Tamaulipas José Martín García Martínez.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas (CODHET) afirmó que analizará las acciones que tomaron las autoridades estatales para la protección de la activista, luego de que esta fue asesinada el pasado 10 de mayo en el municipio de San Fernando.

Manifestó que tras la fuga de los 29 reos del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió la solicitud de protección por parte de la activista, misma que fue remitida a la CODHET.

Posteriormente la Comisión Estatal solicitó informes a la Secretaría de Seguridad Pública y a la PGJE sobre los hechos ocurridos, además de pedir a ambas corporaciones que tomen las medidas conducentes para preservar la integridad de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.

Dijo que tanto la SSP como la PGJE aceptaron las recomendaciones de la CODHET, sin embargo no hay constancia que compruebe si las autoridades se reunieron o no con la activista para determinar qué tipo de Seguridad se le asignaría.

Esto luego de que la propia Miriam Elizabeth, a través de sus investigaciones, dio con el paradero de su hija y con Enrique Yoel Rubio Flores, quien fue acusado de haber participado del secuestro y asesinato de su hija Karen Alejandra en el año 2012.

Y aunque el vocero de Seguridad Luis Alberto Rodríguez, informó que se realizaban tres rondines de seguridad al día en el domicilio de la activista, el ombudsman dijo desconocer si Rodríguez Martínez se reunió o no con las autoridades para determinar el tipo de Seguridad que recibiría.

"No tenemos el dato específico, no tenemos constancia si se reunieron o no, si tuvieron el contacto con la activista para ponerse de acuerdo en el tipo de medidas a implementar, porque en ese tipo de medidas que se dan a defensores de derechos humanos o periodistas debe ser de común acuerdo, eso es muy importante en la toma de medidas de esa naturaleza de existir la comunión o el acuerdo de posibles beneficiarios de estas medidas", explicó.

Y agregó que “lo que tenemos es que las medidas fueron aceptadas por las dos dependencias a las que se enviaron, pero no tenemos constancia ahorita en qué hicieron consistir las medidas, no nos han allegado las documentales para ver si hubo ese acercamiento y si estuvieron de acuerdo con las medidas implementadas".

García Martínez reconoció que los rondines de la Policía para su protección evidentemente fueron insuficientes, "pero habría que ver si la activista estuvo de acuerdo en esas medidas, las medidas en su oportunidad fueron aceptadas, hay que ver si hubo ese acercamiento y si estuvieron de acuerdo con las medidas implementadas”.