México, (Notimex).- El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, destacó que este organismo debe dejar de ser visto como una “caja de pago” y lograr acompañar en todo momento a la víctima hasta que se obtenga la reparación integral del daño.

En entrevista con Notimex, Rochín del Rincón recordó que para lograr ese objetivo se creó la figura del “primer acompañante”, lo que implica que desde el primer momento que la víctima se acerca a la Comisión tendrá a una persona que se ocupará de acompañarla.

Además, de guiarla en su proceso y si se quiere otro tipo de atención especializada, como jurídica, médica, psicológica, de trabajo social, etcétera, será quien lo guíe a través de todos los procesos.

Jaime Rochín, quien fue ratificado por el Senado en el cargo, indicó que el objetivo es evitar que la víctima vaya de “ventanilla en ventanilla” y con ello eliminar la revictimización y la burocracia.

Esto es, insistió, la víctima siempre tendrá un acompañante que le apoyará directa y personalmente en cada caso, “lo cual nos va implicar un rediseño de la atención y en eso estamos trabajando intensamente”.

Además, el primer acompañante, junto a la víctima, generará el plan de atención o sea, “la víctima va a participar en el plan de atención y en su momento cuando sea el caso, en el plan de atención de reparación integral”.

El titular del CEAV planteó que estos cambios forman parte de las reformas a la Ley General de Víctimas, aprobadas en diciembre de 2016, y al Artículo 73 de la Constitución Política, que otorga facultad de legislar en favor de las víctimas a nivel nacional.

Sobre el Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, resaltó que éste asciende a “500 millones de pesos anuales, de los cuales se han utilizado una parte pequeña de esos recursos. Hoy el recurso va fluir con mayor facilidad”, detalló.

En ocasiones, detalló, las víctimas solicitan apoyo económico para trasladarse o cuando tienen diligencias “y eso tendremos que hacerlo con mucha más facilidad, con menos burocracia y con más eficacia”.

Además, que “esos recursos se utilicen de una manera mucho más transparente, muy eficiente para las víctimas y que (todos los actores, incluidos los medios de comunicación) puedan cerciorarse que así es”.

Jaime Rochín subrayó que otro de los objetivos de la comisión es lograr que todas las entidades tengan su Comisión Ejecutiva Local y que funcionen conforme a los más altos estándares.

“Con la reforma, las entidades federativas se encuentran obligadas a atender a sus víctimas a través de la Comisión Ejecutiva Local y, por tanto, también deben contar con una asesoría jurídica que acompañe a las víctimas y un fondo para la ayuda, asistencia y reparación del daño”, dijo.

Recordó que la CEAV es el órgano operador de todo un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que es "nacional y por tanto, la Comisión Ejecutiva como órgano operativo del Sistema se vuelve un ente fundamental en toda la operación de atención víctimas en el país”.

Otro cambio de la reforma es la posibilidad de la Comisión de atraer casos del orden común, agregó.

Antes “era muy frecuente que se acercaran a nosotros víctimas que tenían situaciones graves y requerían el apoyo y acompañamiento y no tenía una Comisión Ejecutiva en su estado o no querían porque consideraban que ahí estaba quien había violado sus derechos y nosotros teníamos imposibilidad de atenderlas, de acompañarlas y de repararlas”.

Hoy, añadió Rochín del Rincón, “ya se rompe esa situación y la CEAV del gobierno de la República puede atender, acompañar e incluso, atender a víctimas del orden común. Ese es un cambio muy importante pero sobre todo lo que debe cambiar es el modo de atender a las víctimas”.

Esto es, “el modelo de atención implica mucho más que una reparación económica, que una compensación sino verdaderamente lograr la satisfacción de la víctima en sus necesidades, como pueden sentirse reparados que no es muchas veces con dinero”.

Finalizó que en muchas ocasiones la reparación del daño puede ser una disculpa y ejemplificó el caso de una persona cuyo padre, víctima del movimiento estudiantil de 1968, solicitó se le hiciera un reconocimiento a la labor que éste había realizado.