México,(Notimex).- Ante el inicio de la migración reproductiva de la totoaba, el gobierno federal desplegó en el Alto Golfo de California, a más de 266 inspectores, oficiales de pesca y fuerza pública para combatir la extracción y el tráfico ilegal de esta especie.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) vigilará que no se lleve a cabo aprovechamiento pesquero en el Área Natural Protegida (ANP) del Alto Golfo de California y Delta de Río Colorado.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Marina y la Profepa especificaron que ningún pescador o embarcación registrada en la zona cuenta con la autorización federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el aprovechamiento dentro de la zona de amortiguamiento del Alto Golfo de California.

La Profepa, las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, la Gendarmería, las como las comisiones nacionales de Acuacultura y Pesca y de Áreas Naturales Protegidas aplican una estrategia de cero tolerancia contra el tráfico ilegal de buche de totoaba.

A dos días del inicio de las operaciones, se aseguraron dos lanchas con motores de 200 HP, 19 redes en donde se encontraron atrapadas 15 totoabas muertas, cuatro totoabas vivas y dos delfines.

Precisaron que 14 de las redes aseguradas fueron encontradas a la deriva en el mar y las cinco restantes estaban en dos embarcaciones, donde pescadores furtivos se fugaron y luego abandonaron en un área fangosa.

Bajo el esquema de operaciones mixtas, el personal desplegado vigila por mar, tierra y aire para impedir las actividades de extracción ilegal de especies marinas, como la totoaba, y los daños colaterales que esas actividades ocasionan a la población de vaquita marina (Phocoenasinus).

En la zona del Alto Golfo de California se ha fortalecido la presencia de las autoridades con 130 infantes de Marina, 45 gendarmes, 31 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 30 oficiales de pesca, 24 inspectores y seis guardaparques; quienes cuentan con vehículos todoterreno y patrullas marinas, además del apoyo de tecnología traducido en un sistema de aeronaves no tripuladas.

En el marco de las acciones de fortalecimiento se incorporarán binomios caninos de la Marina y la Gendarmería, quienes están en un proceso corto de adiestramiento de los perros para la detección de totoaba.

Además, se mantiene un programa de capacitación sobre identificación de especies marinas que se proporciona a todo elemento que se incorpora a las operaciones.

La pesca de curvinagolfina (Cynoscionothonopterus) en el Alto Golfo de California coincide con la migración reproductiva de la totoaba.

Sin embargo ante la ausencia de autorizaciones en materia de impacto ambiental los pescadores legales no pueden llevar a cabo la pesca hasta contar con la autorización emitida por las autoridades ambientales.

Cualquier aprovechamiento pesquero en el ANP del Alto Golfo de California y Delta de Río Colorado, debe contar con la autorización respectiva y la manifestación de impacto ambiental, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

En ese sentido, cualquier embarcación que se localice pescando al interior de esa zona deberá contar con sus permisos o de lo contrario serán sancionados en apego al Artículo 81 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA) en materia de Áreas Naturales Protegidas.

Recordaron que el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para que cuando tres o más personas se organicen, en forma permanente o reiterada, para cometer algún delito contra el ambiente serán sancionadas como integrantes de la delincuencia organizada.

Con esa reforma, la autoridad federal podrá investigar, procesar y sancionar a quienes capturen, posean, trafiquen, comercialicen o atenten contra la vida silvestre con más severidad.

Para cumplir con este propósito, el Ministerio Público y la Policía Federal podrán intervenir comunicaciones telefónicas, infiltrar agentes en los grupos delictivos, realizar operaciones encubiertas y solicitar la prisión preventiva oficiosa ante los jueces federales del sistema penal acusatorio.