México, (Notimex).- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria pública para la designación de los nueve integrantes de su Asamblea Consultiva.

El llamado es a colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos para participar en el proceso selección de candidatos que serán propuestos al Senado para que éste elija a quienes integrarán la asamblea.

De acuerdo con las bases publicadas este lunes, la asamblea estará conformada por nueve representantes cuyo cargo tendrá carácter honorífico.

La convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva de la CEAV atenderá a un criterio de representación regional rotativa de por lo menos un colectivo, organización de la sociedad civil o académico por región.

Para ello se consideran nueve regiones: la norte que comprende los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango; la noroeste, donde están Baja California, Baja California Sur y Sonora; la noreste, con Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; la bajío, conformada por Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas.

Así como la región occidente, con Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; la centro, donde están Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos; además de la sur, con Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca; sureste, Veracruz, Chiapas y Tabasco, y la península, con Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De acuerdo con la convocatoria la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas notificará a los participantes, por correo electrónico, a aquellos que cumplieron con los requisitos y que quedarán contemplados en el proceso de selección que será efectuado por el comisionado ejecutivo.

La elección de las propuestas de integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión que serán enviadas al Senado de la República se efectuará por el comisionado ejecutivo, una vez que éste haya sido elegido por la Cámara de Senadores.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia.