México, (Notimex).- La Ley de Seguridad Interior que analiza el Congreso de la Unión tendrá que respetar, irrestrictamente, los derechos humanos de civiles, y precisar que las Fuerzas Armadas sólo auxiliarán a las autoridades civiles y nunca buscarán reemplazarlas, afirmó Miguel Ruiz Cabañas, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería afirmó que es importante darle un marco jurídico a la participación de las Fuerzas Armadas, “precisamente para saber en qué momento, cuándo, bajo qué condiciones se puede recurrir a su operación”.

Lo anterior para “que no sea casuístico, para que no sea simplemente una situación de emergencia en una determinada población, que haya un procedimiento que acote mandato, que acote duración y que acote objetivos claros de la presencia de las Fuerzas Armadas del país”, expuso.

A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dijo que en la lucha contra la delincuencia organizada, las Fuerzas Armadas realizan diversas tareas para las que están, especialmente preparadas.

“Algunas las han desempeñado históricamente, como la recolección de información, la inteligencia, el monitoreo terrestre, aéreo y marítimo, la erradicación de cultivos de enervantes, el desmantelamiento de narco laboratorios y las detenciones de algunos narcotraficantes”, apuntó.

Ambos funcionarios del gobierno federal participaron en la reunión de acercamiento y reflexiones en torno a la expedición de una Ley de Seguridad Interior, que organizó el Senado de la República, en su sede de la Ciudad de México.

En el encuentro también participó Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien consideró que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea tienen una formación diferente a la que se requiere en materia de seguridad pública.

Mientras que Santiago Aguirre Espinosa, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, opinó que desde la perspectiva de los derechos humanos, la aprobación de una ley de seguridad interior no es conveniente.