México, (Notimex).- Los poderes judiciales tanto Federal como locales enfrentan en materia de archivos retos importantes ante la implementación del sistema penal acusatorio y la presión administrativa de gestionar documentos sujetos a préstamo y consulta.

Así lo asienta el “Diagnóstico de los archivos gubernamentales en México. Una fotografía de la realidad subnacional cotidiana”, elaborado por Alejandra Ríos Cázares, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Ese estudio académico, derivado de 114 entrevistas realizadas en distintas entidades de la República a titulares o encargados de archivos de distintas dependencias, reconoce que, en el caso del Poder Judicial, resulta especialmente difícil manejar los documentos.

Existe “una presión administrativa de organizar un conjunto de documentos que, por razones de proceso, puede estar en constante movimiento (préstamo, consulta, etcétera), lo que margina la inversión en la organización de los documentos”.

En el Poder Judicial los esfuerzos de conservación se concentran más en lo jurisdiccional que en lo administrativo, es decir se conservan más los documentos que dan cuenta de los actos de jueces y magistrados que de la actividad administrativa de tribunales y juzgados.

Según el estudio la tarea no es menor, debido a la gran cantidad de documentación que implican los archivos jurisdiccionales y el reto que significa la implementación del nuevo sistema penal, cuya naturaleza es distinta.

Por ejemplo, el archivo del Poder Judicial de Chiapas, en las instalaciones de Tuxtla Gutiérrez, albergaba hasta agosto de 2014 un aproximado de 260 mil 730 expedientes, cada uno de los cuales puede tener varios tomos y cada tomo puede alcanzar hasta mil hojas.

Otro tema que viene a complicar el manejo de los archivos en todos los poderes (también en el Judicial), es que los archivos de concentración, donde se localizan los documentos que no se usan a diario pero deben estar a mano, no necesariamente están vinculados con los de trámite.

Además 26.8 por ciento de los funcionarios responsables de los archivos de concentración e históricos no toman decisiones sobre las políticas y operación de los archivos de trámite.

Es decir, se presenta desvinculación entre ambos tipos de documentos y por lo tanto se complica más el manejo.