El desmantelamiento del PRI Tamaulipas

DIF protocoliza pacto interinstitucional

1.- En el escenario de los preparativos para las elecciones locales (de Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz) a realizarse dentro de cinco meses y medio, surgió en el interior del PRI la tardía expulsión de Tomás Yarrington y la suspensión de derechos políticos del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges. La medida adoptada por la cúpula  priista es una especie de vacuna contra los señalamientos de la oposición por estos perfiles de corrupción, acusaciones que seguramente serán intensificadas conforme se aproxime el 4 de junio de 2017.

Para el priismo tamaulipeco llega tarde esta sanción, porque fue un elemento recurrente utilizado por el entonces candidato del PAN a gobernador y que contribuyó en buena medida a incentivar el repudio contra el PRI con el desenlace que todos conocemos; capítulo que incluso motivó que Baltazar Hinojosa Ochoa protagonizara un memorable discurso al que conocemos como “El deslinde de Baltazar”.

Ambas sanciones partidistas (a Borges y Yarrigton) no son suficientes para mitigar, mucho menos borrar el malestar nacional existente contra el exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, tampoco está olvidado el historial de Humberto Moreira Valdés (que ahora hasta quiere ser candidato a diputado federal) y muchos otros pesos completos de la corrupción priista.

El sistema político que conforman el gobierno en el poder y el Partido Revolucionario Institucional quizá puedan obtener mejores resultados electorales, si aplican de inmediato la detención del exgobernador veracruzano como mínimo; además de integrar una investigación contra Borges y todos los exgobernadores corruptos que han dañado en diferente medida al Tricolor.

De igual manera es fundamental la integración de un verdadero Sistema Nacional de Anticorrupción ahora en proceso y que estará formalizado en fechas muy cercanas a las elecciones del 2017.

Las acciones tardías no tienen el mismo efecto. El coraje social despertado por Duarte de Ochoa reclama acción de la justicia hoy, hoy, como diría Fox, detenerlo posteriormente tendrá el mismo impacto que lo de Yarrington ahora. Al ciudadano común no le interesa que los expulsen de un partido, lo que quien es cárcel, y/o devolución de lo que se llevaron, resarcimiento a la sociedad del daño causado.

2.- Por lo pronto el PRI tamaulipeco está desmantelado, los priistas de hueso colorado, los que son leales a la institución están desarticulados, con discursos aislados unipersonales, desaprovechando un tiempo precioso, en el cual los aspirantes a puestos de elección popular ya debieran estarse movimiento y proyectándose en sus zonas de influencia.

Desactivar el efecto Yarrigton no es algo que en este momento pueda beneficiar a las tareas de partido, lo que urge es poner en marcha el aparato Tricolor en cada municipio y tal como se ven las cosas, si bien les va, tendrán delegado en enero, quizá en febrero la nueva dirigencia y en marzo la renovación de su estructura municipal.

En septiembre de 2017 inicia el calendario electoral  de Tamaulipas para las elecciones de 2018 y en esa tesitura al Comité Ejecutivo Nacional no parece preocuparle la desintegración que está sufriendo el partido en esta entidad, tampoco le preocupa que para entonces mucha de su gente ya esté en filas de otros partidos.

Pareciera que no hay mucho interés en Enrique Ochoa Reza por recuperar terreno en los municipios, donde sólo gobiernan en 16 de 43; igual en los 16 de los 22 distritos donde les asestaron tremenda derrota.

3.- El DIF Tamaulipas que preside la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y el Gobierno del Estado centrarán su mayor esfuerzo para combatir los altos indicadores de embarazos en niñas y adolescentes menores de 18 años. Es un tema de mucha importancia porque es alarmante no sólo en número, sino porque hay casos de niñas con 9 o 10 años de edad que son madres, lo cual representa una serie de inconvenientes desde la salud de las menores hasta el cambio de ruta de su vida, porque ya no siguen estudiando y pierden la opción de construirse un mejor futuro.

Es un tema social, humano, que impacta a la familia y que propicia que se multipliquen los casos en el contexto escolar, al amparo de la libertad que les da el transitar libremente de sus planteles escolares a su domicilio.

Para el efecto firmaron un protocolo las secretarías de General de Gobierno, Salud, Educación, Bienestar Social, Comisión de Derechos Humanos y desde luego el DIF Tamaulipas.

Ana Luisa García García

(15-Nov-1950) es licenciada en Periodismo por la Universidad Veracruzana generación 1969-1973.

Ejercicio profesional en los siguientes medios: El Dictamen de Veracruz, El Diario de Cd. Victoria, El Universal y Ovaciones en la Cd. de México, El Heraldo de Tampico. Autora de la columna Argot Político en El Mercurio de Tamaulipas (1988-1989) y de la columna Presencia publicada en La Verdad (1987-2016) y en diferentes portales informativos.