México, (Notimex).- La senadora Angélica de la Peña Gómez, representantes de organizaciones sociales y académicos coincidieron en la necesidad de construir una Fiscalía General de la República con total independencia política y presupuestal.

En el primer Foro de Análisis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, también fueron abordadas facultades para garantizar la protección y respeto de los derechos humanos.

De la Peña Gómez expresó que en la discusión de este proyecto “no podemos pensar que lo que ya está hecho es inamovible” y los consensos también se tienen que enfocar en torno a quién asumirá la responsabilidad de ser el primer Fiscal General.

Consideró indispensable definir con claridad los procesos periciales que llevará a cabo la nueva institución, el perfil que debe caracterizar la función ministerial y de investigación, así como lograr “un esquema robusto para la protección y respecto de los derechos humanos”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado subrayó que se requiere una Fiscalía con amplia legitimidad e independencia, cuyas acciones sean acordes al sistema de justicia acusatorio, e incluyan la sistematicidad de la política criminal, controles democráticos y la renovación del Ministerio Público.

Para Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo primero que se tiene que diseñar es el modelo institucional que se quiere para ese organismo.

Ello tomando en cuenta estructuras, formas, mecanismos y procedimientos, y luego confeccionar la legislación que la va a regular, detalló.

A su juicio, ubicar la discusión sobre el artículo transitorio de la reforma constitucional –que establece el “paso en automático”, una vez que se apruebe la ley, del último Procurador hacia el Fiscal General– “debilita la necesaria capacidad que debe tener el actual titular de la Procuraduría, a quien el Senado le dio un voto de confianza, para liderar esta etapa de tránsito”.

Coincidió en asegurar la independencia política y presupuestal de dicha institución, establecer un servicio profesional de carrera, precisar con puntualidad las causas graves de remoción del Fiscal General y los plazos en los que el Senado puede objetar el nombramiento de los fiscales especializados.

Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, llamó a reformar los artículos transitorios de la reforma constitucional, a fin de “establecer con responsabilidad los criterios y el perfil de la persona que debe encabezar la Fiscalía”.

Destacó la importancia de dotar a esta institución de “autonomía total” y desvincularla del Poder Ejecutivo federal, pues en su opinión históricamente ha suido utilizada, en muchos casos, como un mecanismo de represión política del poder punitivo del Estado.