México, (Notimex).- En organismos públicos y empresas privadas en México se tiene un riesgo del 90 por ciento de vulnerabilidad por ciberataques, debido a que no existe una cultura y educación al respecto.

De acuerdo con el socio de Asesoría en Ciberseguridad de Salles Sainz Grant Thornton, Manuel Llano, a pesar de que el sector financiero ha sido siempre el más susceptible de recibir este tipo de ataques, la tendencia mundial apunta a tiendas departamentales como el nuevo objetivo.

En un comunicado, la firma asegura que la digitalización del siglo XXI y los procesos de compra en línea son vulnerables a fraudes y hackeo, así como de las bases de datos de los clientes y proveedores.

“La mayoría de los ataques cibernéticos a México vienen de Europa y del este de Asia. A nivel nacional es más complicado identificar de dónde provienen estas acciones”, señaló el experto en evaluación de control interno y riesgos operacionales.

Expuso que los costos de dichos ataques varían dependiendo la víctima, pues a una persona normal a quien le fue hackeado su celular, le puede costar 500 dólares recuperar sus datos.

Pero para una pequeña y mediana empresa el costo oscila entre los 300 mil y 400 mil pesos, y a nivel nacional el costo de los ciberdelitos llega a 150 millones de dólares anuales.

Ante ello, Manuel Llano indicó que existen servicios integrales a compañías que les permite identificar en qué son vulnerables y en dónde son susceptibles de sufrir ataques cibernéticos. “Este diagnóstico es crucial para iniciar la mejora”, dijo.

Aseguró que 400 mil malwares o programas maliciosos se lanzan a la red todos los días, y son los mismos que crean estos programas nocivos quienes ofrecen la solución a las empresas tecnológicas; “nadie que ofrezca productos de ciberseguridad puede garantizar que después ya no habrá violaciones a los sistemas”, agregó.

Aunque en México se han adoptado medidas para mitigar riesgos de sufrir violaciones a la seguridad, enfatizó, el tema es complejo debido a que las amenazas mejoran y se difunden, y en la actualidad las empresas deben actualizarse cada tres meses.