México, (Notimex).- El diputado Leonel Luna Estrada promoverá reformas al Código Penal del Distrito Federal para fortalecer las estructuras de protección a los ciudadanos y evitar la reincidencia de infractores.

Entre las propuestas que presentará al pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), incluirá el delito de homicidio en sus diversas modalidades, la graduación de las penas y el aumento de hipótesis que prevén las agravantes.

En el caso del feminicidio en la Ciudad de México, el legislador consideró necesario reestructurar el tipo penal, pues actualmente al ser un delito autónomo debe acreditarse no solo la muerte, sino que fue por razón de género, lo que provoca impunidad.

“Aunque exista la muerte de la víctima, si no se logra acreditar el elemento subjetivo de razón de género, no configuran todos los elementos del tipo penal y los probables responsables quedan en libertad o con sentencias a medias”, resaltó.

Actualmente, señaló el coordinador la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la ALDF, la pena por feminicidio es de 30 a 60 años de prisión, por lo que se igualaría a homicidio agravado.

El objetivo de estas reformas penales, indicó, es reconfigurar algunas figuras del ámbito penal, con el fin de que sean más eficaces, ya que el Código Penal local debe tutelar con mayor fuerza el bien jurídico más relevante para el ser humano que es la vida.

Leonel Luna también propondrá incrementar la pena en el homicidio calificado, que actualmente se contempla de 20 a 50 años de prisión, al proponer un incremento de 30 a 60 años como lo prevé la legislación federal.

Además, adicionar dentro de las modalidades de homicidio calificado las siguientes hipótesis: a propósito de una violación o un robo (Por concurrencia de ilícitos); en casa habitación, al haberse penetrado en la misma de manera furtiva con engaño o violencia.

Asimismo, equiparar la pena en el homicidio por razón de parentesco al homicidio calificado (30-60 años), pues actualmente para el primero la sanción es de 10 a 30 años de prisión, al considerarse que debe castigarse con el mismo nivel de rigor a este tipo de conductas que vulneran el vínculo filial y en consecuencia el tejido social

Consideró que con estas propuestas de reformas penales buscan persuadir a la sociedad y evitar a toda costa que el delincuente vuelva a cometer la conducta antijurídica, además de impulsar acciones para prevenir los delitos.