México, (Notimex).- En el país uno de cada cinco niños ha sido víctima de violencia sexual durante la primera etapa de su vida, alertó el presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez del Palacio Legislativo de san Lázaro, Jesús Valencia Guzmán.

Ante el aumento de casos de abuso en escuelas, iglesias, familias y comunidades, destacó la propuesta de ley contra todo tipo de violencia hacia niños y adolescentes, impulsada por el diputado perredista Rafael Hernández Soriano.

Esta propuesta debe contribuir a disminuir de manera importante el número de delitos que, según datos de las procuradurías, corresponden a denuncias por abuso sexual en todas sus vertientes, no necesariamente por violación.

“Eso según lo medible, porque lamentablemente hay muchas situaciones cuya información no está a disposición real”, externó Valencia Guzmán, también del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Valencia Guzmán expresó que hay un compromiso de los legisladores con temas de violencia contra ese sector de la población y trabajarlos sin tintes políticos, pues el problema “va más allá de eso”.

“En la Comisión trabajamos todos juntos las iniciativas que estamos dictaminando que tienen que ver con violencia, y se aprueban por unanimidad tanto en la comisión como en el pleno”, detalló.

Hernández Soriano precisó, a su vez, que la de hoy es una fecha simbólica porque se cumplen 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas.

Su iniciativa plantea modificar el Código Penal Federal para equiparar el delito de encubrimiento por superiores jerárquicos, con el de pederastia.

Otro cambio se refiere a tipificar el encubrimiento o la complicidad de padres o tutores; aumentar de 15 a 30 años de cárcel y de dos mil a 60 mil días multa, las penas para el delito de pornografía, así como prisión hasta por 10 años y 20 mil días multa a quien almacene ese material.

Además propone modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales con el fin de definir medidas cautelares para las víctimas y sus familias, así como la imposibilidad de llevar a cabo acuerdos de reparación entre los menores de edad víctimas y los responsables del delito.

De modificarse la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos delitos, se estipularía un procedimiento de reparación específica para niñas, niños y adolescentes.

También se solicita que en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se tipifiquen los delitos de naturaleza sexual contra los menores de edad.

Que se establezcan en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público las sanciones administrativas para quienes incurran en conductas contra los derechos humanos, especialmente contra menores de edad, y definir el encubrimiento, el daño ocasionado y la reincidencia como elementos para esas penas.

Además sugiere normar en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes las circunstancias especiales de atención, en caso de haber sido víctimas de violencia y sus responsables.

En el caso de la Ley de Asistencia Social, aseveró, se propone incluir a las víctimas de violencia como objeto de asistencia social, al considerar sus características específicas.

Así como incorporar acciones de prevención para evitar que se cometan abusos en dichas instituciones y sancionar a las instituciones de asistencia pública o privadas que incurran en violación de los derechos de infantes o adolescentes.

Plantea que en la Ley del Servicio Exterior Mexicano se establezca la obligación de las autoridades consulares de brindar protección inmediata a todo niño o adolescente mexicano que sea objeto de violaciones a sus derechos humanos.