Alijadores de Tampico esperan que justicia llegue con nuevo gobierno
Tampico, Tamaulipas.- Los socios de la antigua cooperativa Gremio Unido de Alijadores (GUA), esperan que las denuncias de fraudes y saqueos de los bienes de la empresa de servicios portuarios prosperen con la llegada del nuevo gobierno, dijo el presidente del Consejo de Administración del GUA, Antonio Rodríguez González.
Acompañado de dos integrantes de la directiva que se disputan el control de la cooperativa, Rodríguez González sostuvo que el quebranto a la empresa operadora de carga en los muelles del puerto de Tampico, asciende a 700 millones de pesos.
Expuso que el consejo de administración del GUA, encabezado por José Cedillo y en su tiempo dirigido por Ramón Martínez del Ángel, desmanteló la cooperativa al grado que provocó que la empresa desapareciera, afectando a miles de familias que dependían de ella.
Reveló que entre las deudas se hallan pagos no realizados a la Administración Portuaria Integral (API) de Tampico por los derechos de uso de los muelles, entre otros pagos a oficinas federales.
Aseguró que las denuncias penales que se han interpuesto desde hace seis años en contra de quienes manejaban el citado consejo de administración, no han prosperado porque las autoridades judiciales no han tenido el interés en resolver estas acusaciones que pesan contra Martínez del Ángel.
Es por ello, dijo, tienen cifradas esperanzas que esta situación se resuelva una vez que arribe el nuevo gobierno estatal al Poder Ejecutivo, a fin de que se dicten las órdenes de aprehensión para castigar a los responsables.
Los cooperativistas que se duelen de este quebranto citaron además que desde que el gobernador electo Francisco Javier García Cabeza de Vaca era Senador de la República, han mantenido contacto con él, haciéndole notar las irregularidades que los casos judiciales registran.
En la rueda de prensa también estuvieron presentes también, José Luis Ramírez Gudiño, secretario del GUA; Gilberto Pimentel; Magdaleno Pérez Juárez, presidente del Consejo de Vigilancia de la cooperativa; y Carlos Ruiz Contreras, asesor jurídico de la empresa.
vmp
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