México, (Notimex).- El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Manuel González Oropeza, opinó que si bien el modelo de comunicación política ha funcionado, aún puede ser objeto de precisiones.

En entrevista para Notimex indicó que si bien se ha privilegiado el dinero público sobre el privado, así como la libertad de expresión sobre la calumnia y se ha sancionado a quienes incurren en ésta última, lo cierto es que se pueden hacer ajustes.

Es decir, “el modelo de comunicación política funcionó en tanto que no estamos en la situación de otros países como Estados Unidos, que ha privilegiado el dinero y ha privilegiado una serie de cosas sobre las campañas políticas. Yo creo que (el modelo de comunicación) ha estado funcionando, puede ser objeto de precisiones”, expresó.

González Oropeza, quien junto con los cinco actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluirá en noviembre su cargo, dijo a pregunta expresa que las reformas político-electorales han seguido a prácticamente todos los procesos electorales.

Sin embargo, aclaró, se trata de elaborar buenas reformas no de reformar por reformar, “desde que yo tengo uso de razón, las reformas electorales han seguido a todas las elecciones. Entones, que se piense en una nueva reforma me parece que sea lógico pero no por ello es oportuno y necesario. Es decir, tienen que ser buenas reformas, no reformar por reformar”, abundó.

En opinión del magistrado, la llamada “espotización” de las campañas electorales “no es mala”, en tanto no se utilice únicamente para vituperar a los demás contrincantes políticos.

Consideró que de nada sirve combinar u otorgar recursos a los partidos políticos para la difusión de sus propuestas durante las campañas políticas, “para que con ese dinero se vitupere a los candidatos o (…) se divulguen algunas imprecisiones de su vida personal”.

En este marco, observó que la Sala Superior en todo momento ha garantizado la libertad de expresión, “hemos limitado en muy pocas ocasiones cuando hay una verdadera aseveración de un delito, porque eso puede implicar consecuencias muy graves para un candidato o un partido político”.

Manuel González Oropeza dejó claro que en tanto no exista una averiguación previa de por medio, no se puede acusar a nadie de cometer un delito, de tal suerte que llamó a “tener cuidado con la libertad de expresión en ese sentido, porque no la podemos limitar”.

Además, remarcó, la libertad de expresión descansa en la prudencia de las personas.

El magistrado refirió que la política y las campañas deben ser espacios para proponer y para discutir las diversas propuestas partidistas e incluso pueden ser críticas, pero no pueden convertirse en espacios para hacer acusaciones ni mucho menos calumnias.

Esto es, las campañas “pueden ser muy críticas de las políticas públicas que un gobierno pueda adoptar y yo creo que eso serviría para que la ciudadanía tome conciencia, pero no se pueden convertir en un pleito de palabras de infundios y de acusaciones sin sentido”.

En este marco González Oropeza recordó que el Artículo 6 constitucional otorga el derecho de réplica a quienes se sientan ofendidos.

“Cuando ha habido protestas porque nosotros hemos permitido digamos, esas campañas (críticas), pues yo siempre contesto que tienen ellos el derecho de réplica absolutamente abierto y las autoridades electorales podrán facilitarlo”, concluyó el magistrado quien dejará su cargo al igual que el actual presidente Constancio Carrasco Daza.

Además de la y los magistrados María del Carmen Alanis Figueroa, Flavio Galván Rivera, Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López.

Cabe destacar que desde abril de 2015 quedó pendiente la designación por parte del Senado de la República del o la magistrada que en su caso sustituiría al entonces presidente del Tribunal Electoral federal, Alejandro Luna Ramos, quien concluyó su gestión en esa fecha.

El miércoles 13 de julio se cerró convocatoria para quienes aspiren a ocupar alguna de las vacantes que dejarán los actuales magistrados, proceso al que se inscribieron 130 aspirantes, entre ellos tres consejeros electorales del INE: Marco Antonio Baños Martínez; Beatriz Eugenia Galindo Centeno y Adriana Margarita Favela Herrera.

El pleno del alto tribunal deberá aprobar por mayoría simple de los presentes, en sesión pública solemne, las siete ternas que propondrá y remitirá al Senado o, en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que a su vez, deberá elegir a los magistrados para integrar la Sala Superior, a más tardar el 30 de octubre.

Así, dos de los magistrados electos deberán concluir su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022, y los tres restantes el 31 de octubre de 2025. El presidente será electo por los propios magistrados.