México, (Notimex).- El coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Sesma Suárez, señaló que con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, se tendrá una herramienta, fuerte y bien diseñada, para erradicar el mal uso del poder público.

El legislador se refirió en un comunicado, a que el próximo miércoles la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, analizará la minuta que le envié el Senado sobre la corrección que le realizarán a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mejor conocida como “3de3”, y que regresó el Ejecutivo federal al Congreso con observaciones a diversos artículos entre ellos el 32.

“Este miércoles tendremos la oportunidad de atender las inquietudes que han expresado algunos sectores de la población, relativos al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se convertirá en una herramienta -fuerte y bien diseñada- para erradicar el mal uso del poder público, apunto.

Añadió que en una sociedad democrática como la mexicana, todos tenemos distintas opiniones y la posibilidad de manifestarnos, lo importante es hacer una suma de todos los puntos de vista.

Consideró que considerar las opiniones es lo que justamente se debe hacer con el Sistema Nacional Anticorrupción, “apoyarlo y fortalecerlo, para que su aplicación comience a dar resultados lo antes posible”.

El diputado federal explicó que la intención de realizar este segundo periodo extraordinario, es revisar algunos artículos de una de las siete leyes que le dan sustento a este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Agregó que este proceso es una continuación del trámite normal de aprobación por el que pasan todas las leyes, en el cual el Presidente de la República tiene la posibilidad de hacer observaciones a las leyes que aprueba el Congreso.

Finalmente, Sesma Suárez invitó a aquellas voces críticas que intentan restarle importancia a esta nueva ley, a aportar y sumarse a este gran proyecto; y no a confundir a la ciudadanía tratando de demeritar la gran labor conjunta del Gobierno Federal, el Congreso y la sociedad civil.