México, (Notimex).- La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados celebró la decisión presidencial de regresar al Congreso, con observaciones, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mejor conocida como la Ley "3 de 3".

Cabe señalar que las observaciones fueron principalmente al artículo 32 de esta legislación, que presentaba inconsistencias jurídicas que afectaba principalmente a los particulares que reciben recursos públicos como son los beneficiarios de programas sociales y becarios, entre otros, y que fue demanda del sector empresarial.

Este articulo tiene que ver con la presentación de declaraciones fiscal, patrimonial y de posible conflicto de interés de los empresarios que tuvieran asociaciones público-privadas y con el afán de transparentar los recursos gubernamentales tenían que hacer estas declaraciones, pero la manera en como está redactado el artículo 32 involucraba a los trabajadores de dichas empresas de todo nivel y a beneficiaros de recursos públicos.

En un comunicado, los diputados priistas señalaron: "celebramos la voluntad del Presidente de la República de abrir estos artículos a efecto de que sean corregidos; estamos listos para ello".

Indicaron que con respecto del anuncio que la oficina de la Presidencia de la República hizo la tarde de este jueves, donde formula observaciones al artículo 32 y a quince más de la Ley de Responsabilidades Administrativas, reiteran su posición y acuerdo de corregir este ordenamiento en bien para la población y para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas y el combate a la corrupción,

"El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, refrenda su posición al respecto, manifestada en conferencia de prensa el viernes 17 de junio, en donde señaló la necesidad de modificarla, advirtiendo que la redacción de la misma, además de ser peligrosamente ambigua, podría contener elementos que fueran anticonstitucionales", se precisó.

Se precisa en el comunicado que los diputados del PRI, con el afán de no interrumpir el proceso legislativo -que podría haber entorpecido el proceso de integración del Sistema Nacional Anticorrupción- " nuestro grupo parlamentario aceptó que el documento pasara en sus términos, transmitiendo esta preocupación tanto a integrantes del sector privado como al propio gobierno federal".