Miami,(Notimex).- El campeón mexicano de boxeo Saúl “Canelo” Álvarez subió hoy al banquillo de acusados en una corte civil de Miami y se defendió al argumentar que no sabía que en septiembre del 2008 firmaba un contrato por cuatro años con All Star Boxing, empresa que lo demanda por incumplimiento de contrato.

“Para mi esto era una aplicación –solicitud- de visa (…) para mi nunca fue un contrato”, respondió el boxeador a las preguntas de Alejandro Brito, abogado del demandante, el promotor Félix “Tutico” Zabala presidente de All Star Boxing.

Vestido con traje azul y corbata roja, sentado ante la jueza Migna Sánchez Llorens, un tranquilo “Canelo” dijo que el firmó el documento confiado en su manejador Jose "Chepo" Reynoso.

Durante el interrogatorio, el campeón reconoció por el contrario haber firmado un contrato en enero del 2010 con Golden Boy, la empresa del ex campeón Oscar De La Hoya, también presente en la sala.

“Lo firmé porque esa era la intención desde un principio –estar con Golden Boy- y no tenía contrato con nadie más”, declaró firmemente el boxeador ante el jurado de 11 personas.

La demanda fue presentada en el 2011 y en ella All Star Boxing acusa al “Canelo” de incumplir un contrato y además a Golden Boy por interferir en la relación con su entonces promotor.

A raíz del contrato con Golden Boy, el “Canelo” admitió que comenzó a ganar 250 mil dólares por varias de sus siguientes peleas.

Previamente en las nueve peleas que realizó con All Star Boxing había ganado 180 mil dólares, de acuerdo con cifras de la empresa.

Durante el juicio que entra en su tercera semana la parte acusadora ha mostrado como pruebas principales una copia del contrato firmado por Alvarez y su manejador “Chepo” Reynoso por cuatro años con fecha del 15 de septiembre del 2008.

También fotos de la visa de trabajo P1 que se le consiguió al boxeador por cuatro años para viajar a pelear a Estados Unidos .

El promotor Zabala asegura que “Canelo” era su boxeador “hasta que se lo llevaron” y acusa por ello a Golden Boy. La parte acusadora busca una compensación estimada en unos 27 millones de dólares.