Malas decisiones fiscales y ventas garaje

En notas editoriales anteriores, comentaba sobre la velada pretensión que se cocina entre el nuevo gobierno y el PRI, para eliminar la exención del IVA en alimentos y medicinas, así como aceptar inversiones privadas en Pemex.
 
Es fecha desde la pasada Asamblea del PRI, que no se aclaran suficientemente dichas pretensiones al modificarse los estatutos del PRI, con los consabidos candados “incómodos” al respecto.
 
Lo real es que el PRI ya no se opone a la aplicación del IVA en alimentos en alimentos y medicinas y a prohibir inversiones privadas “nacionales y extranjeras” en Pemex.
 
Recordando que a principios de marzo de este año, se eliminó el numeral 154 del Programa de Acción del PRI, la única mención al IVA que había en los 438 numerales del documento, la cual rezaba: “El PRI defiende la economía popular y no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y medicinas”.
 
A excepción del discurso dictado por el presidente Peña Nieto, en la pasada ceremonia de aniversario de la Expropiación Petrolera, donde afirmara que su gobierno no pretende privatizar a la empresa petrolera Pemex y que no aumentará el IVA, los discursos de diputados y senadores del PRI no aclaran este tema.
 
Lo más preocupante, es leer las expresiones del dirigente del PRI, cuando comenta que el IVA en alimentos y medicinas solo beneficia a los más ricos del país, creyendo que nos convenceremos que dicha medida no afectaría a los 50 millones de pobres y 20 millones de pobres extremos.
 
La argumentación manejada que el IVA cero los que más se benefician son los ricos, mientras que con el aumento del impuesto a los alimentos a los ricos poco les afecta un incremento de ese tipo que si golpeará a aquellos con presupuestos recortados y limitados, que son la mayoría de la población.
 
La actual sociedad es más suspicaz, debido a que se acostumbró a que siempre existen movimientos encubiertos. La gente está convencida que viene un aumento generalizado en los impuestos (IVA, ISR, IEPS). Por los hechos registrados desde diciembre de 2012, está claro que tarde o temprano incrementarán el IVA a medicinas y alimentos.
 
Sin embargo no obstante algunos comentarios realizados por el presidente Peña Nieto, en relación a ajustes al “régimen de Consolidación Fiscal” de los grandes consorcios, no hay nada que indique que se terminará el régimen de privilegio que ha afectado a la hacienda pública.
 
Vale la pena resaltar que es aquí donde realmente el gobierno podría recuperarse en sus atribuladas finanzas públicas, dado que cálculos conservadores estiman un ingreso cercano a los 400 mil millones de pesos anuales, los que ahora no se registran ante los privilegios fiscales que detentan los empresarios más ricos de México.
 
Así desde el año de 1982, cuando se aprobaron las reformas al régimen de Consolidación Fiscal de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), por las cuales se autorizó a los grupos de empresas consolidadas a diferir ilimitadamente el pago de impuestos.
 
El resultado ha sido que durante los últimos 30 años los grandes consorcios nacionales y extranjeros prácticamente no pagaron impuestos. Pero estamos hablando de los dueños de México. Los conocidos como los grupos de interés o la nomenklatura.
 
La Hacienda Pública Distributiva implementada por Vicente Fox en el año 2002, les otorgó más prebendas a estos grupos, en la nueva Ley del ISR, aprobada en enero de ese año, se disminuyó la carga fiscal de las grandes empresas al 30%; se quitó el pago del 5% por dividendos obtenidos en la Bolsa de Valores.
 
Se les permitió deducir el total de sus inversiones; se les exoneró de pagar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y, se les autorizó a deducir de impuestos “Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores.
 
En cuanto a la pretendida “reforma energética”, aun estando la mayoría de acuerdo que inversiones privadas en sectores específicos ayudan a la modernización de Pemex, como lo realizaron el Brasil con Petrobras.
 
Sin embargo no se nos explica claramente si al aceptar estas inversiones, se hará con el detrimento de la actual “renta petrolera”, que es en realidad lo que hace atractivas dichas inversiones para los empresarios.
 
Los anteriores estatutos del PRI marcaban en el numeral 302 que “De manera complementaria, rechazamos cualquier procedimiento que pretenda de manera subrepticia ceder la planeación y operación de las actividades propias de Pemex, el control de su mercado y el usufructo de la renta petrolera”.
 
Compartir la renta petrolera, las ganancias de Pemex, con el capital privado no sólo reduciría los ingresos y el gasto público, sino que estrechará más aún las posibilidades de inversión de la empresa. Sin duda que el gobierno continúa al pie de la letra las políticas dictadas desde el “consenso de Washington”.
 
Finalmente, se continúa cargando el mayor peso de la recaudación fiscal sobre los llamados “causantes cautivos”, por la parte de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que suman más de tres millones de empresas.
 
Las pymes no pueden acceder al régimen de consolidación fiscal, las personas físicas y los asalariados, es decir, sobre los casi 38 millones de causantes que en conjunto generan el 39.3% del PIB y aportan el 58.2% del gasto público.
 
Habrá que escuchas las opiniones de los expertos fiscales de México, esto es a los grupos de contadores públicos y de economistas que se especializan en estos temas. Habrá que abrir un debate nacional sobre los cambios al IVA y a las inversiones en Pemex.
  Estamos a tiempo de defender lo que nos queda a México de empresas públicas nacionales y de defender la economía de los más pobres del país. Estamos a tiempo de no permitir otra venta de garaje como la realizada hace unos años con Telmex, Ferocarriles, entre otras empresas.