Por: Jorge Lera Mejía31/03/2013 | Actualizada a las 23:11h
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En
los recientes Foros del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2012-2018), del
gobierno de Peña Nieto, uno de los Programas que más están siendo respaldados
es el “Programa 3x1 para Migrantes” de la Sedesol. Lo
que da mayor valor a este programa,es
que es el único instrumento de planeación del gobierno federal que tiene su
origen en la sociedad civil organizada, aunque en este caso se trate de clubes
y asociaciones de mexicanos residentes en Estados Unidos. En
esa dirección, el Programa 3x1 ha querido identificarse como un referente
internacional que incide en diversos aspectos: primero propicia la organización
de los mexicanos migrantes, estableciendo puentes entre las comunidades de
origen y de destino. Segundo,
busca maximizar los recursos económicos que envían los migrantes organizados
para la realización de obras de beneficio colectivo y, Finalmente, permite
ejercer un nuevo tipo de presión sobre los distintos niveles de gobierno para
que transparenten el uso de recursos públicos, rindan cuentas y acepten la
supervisión comunitaria en la realización de obras. Así,
el programa abre un espacio de negociación para los migrantes que plantean una
nueva forma de desarrollo comunitario. En
cuanto a la relación existente entre el programa y el desarrollo económico
generado por las divisas enviadas por los migrantes, existen al menos dos
posiciones que examinan los procesos migratorios como facilitadores del
crecimiento de las comunidades: a) la teoría del capital social; y b) la teoría
de la economía de la migración. La
TEORÍA DEL CAPITAL SOCIAL establece que la presencia y las actividades de las
organizaciones sociales fomentan la inversión a través de la integración de
diversos recursos y que el capital social puede construirse cimentando un
potencial sinérgico entre organizaciones privadas y gobierno. Desde
esta perspectiva teórica, el Estado debe fortalecer los hábitos de colaboración
de los ciudadanos con las acciones de gobierno, a fin de generar cambios
benéficos en el abasto de servicios o en la provisión de bienes públicos y en
donde el capital social debe ser considerado como un potencial para producir
desarrollo local a través de políticas que afecten positivamente la
productividad. Por
su parte, la llamada TEORÍA DE LA ECONOMÍA DE LA MIGRACIÓN afirma que las
remesas colectivas maximizan los ingresos de las comunidades expulsoras,
minimizando los riesgos en inversiones y posibilitando la participación en
proyectos de desarrollo local con el objeto de mejorar el bienestar de sus
miembros. En
esta perspectiva, el proceso migración-recepción de remesas permite suplir las
fallas y las carencias de los mercados económicos, ya que las naciones —por
medio de la migración— envían al exterior sectores de su fuerza de trabajo para
garantizar la existencia de créditos, seguros, subsidios, ampliar inversiones y
mejorar el nivel de vida. En
esa perspectiva, las remesas colectivas enviadas por las asociaciones o clubes de
migrantes a manera de donaciones filantrópicas destinadas a construir
infraestructura urbana y para apoyar proyectos sociales básicos, han sido
interpretadas por algunos autorescomo
un sustituto del “Estado benefactor” y, entre otras cosas, revelan que es más
fácil para los migrantes enfocarse en el bienestar de sus comunidades de origen
en México que trabajar para crear mejores condiciones para ellos en Estados
Unidos. En
ese tenor, se ha señalado que es muy injusto cargar responsabilidades que no
les corresponden en las espaldas de los migrantes, ya que no es función de
éstos resolver el fenómeno de la migración hacia Estados Unidos ni remediar la
pobreza en México. Junto
a las anteriores concepciones teóricas derivadas de diferentes estudiosos del
tema, se encuentra el perfil que del programa hace la propia Sedesol. Para esta
dependencia el programa tiene una dimensión sociopolítica importante, ya que
representa un esquema de vinculación que permite a la sociedad civil cambiar
las condiciones de las comunidades y refleja la manera en que éstas pueden
determinar acciones y proyectos para su desarrollo sin apoyarse ni depender
completamente del gobierno. Prueba
de ello —según la Sedesol— es que cada obra efectuada en el marco del programa
le cuesta a la Federación únicamente 25% del total, situación que difícilmente
se observa en otros programas de subsidios. En
ese escenario, el Programa 3x1 para Migrantes se constituye —según la
concepción de la dependencia aludida— en un esquema de financiamiento tetra
partito que fortalece la corresponsabilidad, la transparencia y la rendición de
cuentas. El
año pasado (2012) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un
préstamo por 21 millones de dólares para apoyar las inversiones de migrantes
mexicanos en el extranjero destinadas a sus comunidades de origen, a través del
Programa 3x1 para Migrantes de la Sedesol. En
un comunicado, el organismo internacional informa que esos recursos ayudarán a
financiar obras de electrificación, agua potable, pavimentación, drenajes y
alcantarillado, así como de infraestructura y equipamiento para centros de
salud, educativos y deportivos. Además, añade, para fortalecer la eficiencia,
transparencia y rendición de cuentas del programa creado en 2002, así como para
mejorar las capacidades de gestión, inversiones y la coordinación
interinstitucional. El
Banco menciona que con estos recursos se busca impulsar la creación y
capacitación de más clubes en las comunidades de origen, pues constituyen el
mecanismo de contraloría social de los proyectos y desempeñan un papel clave en
el seguimiento de la ejecución y mantenimiento de las obras. De
acuerdo con el organismo, desde 2006 el BID apoya el programa que ya es
instrumentado por otros países y quienes han tomado como modelo el programa de
la Sedesol, sobre todo en el tema de proyectos productivos patrimoniales. En
una década, el 3x1 para Migrantes ha canalizado recursos a 29 estados y más de
mil municipios, en un beneficio calculado para casi 1.7 millones de mexicanos. El costo total del
proyecto a realizar con el BID es de 72.7 millones de
dólares, de los cuales 51.7 millones corresponden a la Sedesol y a Nacional
Financiera (Nafin).
Jorge Alfredo Lera Mejía
Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT). Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas. Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.
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