Fugas: problema de fondo

El Gobierno Federal evita concentrar a sus propios reos
Y son precisamente los que causan problemas penales
Eugenio no rehúye responsabilidad, pero solicita ayuda
Garza Narváez haría bien en proyectar la reforma penal
 
 
Durante años el Gobierno Federal se ha rehusado a concentrar en sus prisiones de máxima seguridad a todos los convictos procesados y/o sentenciados por su comisión delictiva contra la salud –aun cuando es responsabilidad de la Federación ocuparse de este tipo de reos--, y eso es, precisamente, lo que más provoca fragilidad en los penales estatales que, se supone, fueron creados para encerrar únicamente a culpables de ilícitos del fuero común.
 
La fragilidad que refiero, notoriamente es ilustrada con las fugas de internos que en todo el país se han registrado en al menos los dos últimos años, pues los evadidos en su inmensa mayoría han sido (y son) transgresores de la ley federal, como bien lo confirman las estadísticas que obran en manos de la Secretaría de Seguridad Pública (federal, por supuesto), la Procuraduría General de la República (PGR), el Poder Judicial de la Federación y, hasta eso, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e instituciones universitarias del extranjero, así como en las investigaciones de los especialistas más serios en la materia que prestan sus servicios aquí en México y el señor de Los Pinos tanto soslaya.
 
Y es que la reclusión de quienes suelen cometer delitos contra la salud conlleva otras prácticas malsanas en la administración carcelaria, como son la corrupción –aquí van implícitos el cohecho y peculado--, el autogobierno penitenciario, la permanencia de armas de fuego dentro de las prisiones; la comunicación de los internos con el exterior; prebendas de otro tipo –consumo bebidas alcohólicas y drogas, por ejemplo, igual que las relaciones maritales en todo momento con gente ajena al sistema carcelario--, y, lo peor, la falta de convicción entre autoridades, celadores, empleados administrativos y cuerpos de seguridad, para garantizar que los llamados centros de readaptación social resulten impenetrables y en verdad cumplan con su función social.
 
Dos casos distintos
La fuga de 41 reos del penal de Matamoros y la evasión de 13 convictos en una prisión de Reynosa, en tan sólo diez días, guardan similitudes entre sí –cierto--, pero también son diferentes, pues en el primer caso hubo personal carcelario involucrado en el escape –incluso a los co-responsables ya se les dictó auto de formal prisión--, mientras en el más reciente hubo resistencia al embate criminal –con intercambio de disparos de armas de fuego--, pero al final de cuentas el comando “rescatista” pudo más que los “defensores de la plaza”.
 
Por eso y más, los dos acontecimientos no pueden medirse con el mismo rasero, ya que en uno la corrupción fue su esencia y en el otro se actuó apegado a la función pública.
 
Así lo reconoció, ayer, el gobernador Eugenio Hernández Flores, quien abordó el tema para dejar en claro que:
 
“Hemos  sufrido lamentablemente dos fugas masivas, si podemos llamarle de esa manera, lo cual ha llevado algunas detenciones e investigaciones y, en ese sentido, hemos pedido al Gobierno Federal su apoyo, ya que gran parte de los reos que están purgando castigos en los penales de Tamaulipas son del fuero federal, reos peligrosos, relacionados con el crimen organizado, y éste está mermando nuestra capacidad de vigilancia.
 
“Nos rebasa ese hecho, por lo que he platicado con el secretario de Seguridad Pública –obvio, el federal--, para solicitarle apoyo temporal, en varios penales del estado, para salir adelante en esta situación inédita.
 
“En ese sentido esperamos una respuesta pronta de parte del Gobierno Federal, y de esa manera poder dar más garantías a la ciudadanía en cuanto al cuidado de los reos federales.
 
“Tenemos más de mil 700 reos del fuero federal, reos que son peligrosos, reos que están en resguardo, pero sin embargo el estado (de Tamaulipas) no tiene la capacidad para proteger alguna fuga por parte de ellos.
 
“Por eso hemos solicitado el apoyo del Gobierno Federal para poder garantizar que van a estar a buen resguardo esos reos y que no va a haber otra fuga masiva”.
 
Mandatario prudente
Aun cuando la razón le asiste, el gobernador Eugenio Hernández Flores evitó culpar a la Federación de la violencia que en las cárceles de Tamaulipas provocan los convictos del orden federal, pero sí dejó en claro que él, como todos sus gobernados, demandamos que la fuerza armada de Felipe Calderón Hinojosa asista a nuestra entidad para evitar más fugas derivadas de la corrupción y/o del poderío armamentista que tiene la delincuencia organizada.
 
Lo más sano sería que la Secretaría (federal) de Seguridad Pública trasladara a quienes cometieron y cometen delitos contra la salud a las cárceles de máxima seguridad –por ser atribución suya--, pero sin voluntad para ello, no queda más que solicitar ayuda.
 
En fin, luego analizaremos a fondo la crisis que vive el sistema penitenciario nacional, pues el espacio es corto y el tema incesante.
 
Código Penal
En su inmediato período ordinario de sesiones de ejercicio constitucional, el Congreso local por fin podría atender una demanda prioritaria del pueblo tamaulipeco, si los diputados de la LX Legislatura decidieran dar paso a la discusión de reformas al Código Penal.
 
De esta forma se acataría uno de los reclamos más urgentes de la sociedad en su conjunto, pues el castigo a la delincuencia se ha convertido en una prioridad ante la creciente inseguridad pública.
 
Con las modificaciones jurídicas, la nueva reglamentación podría facultar a los jueces a utilizar criterios propios para evaluar las circunstancias en que fueron cometidos los delitos, y, al mismo tiempo, determinar la peligrosidad de los responsables para que éstos no muy fácilmente ganaran nuevamente la calle para volver delinquir.
 
La esperada reforma es urgente, también, porque hay que detener la ola criminal que se extiende por los 43 municipios del estado; y porque no hay rincón de la geografía estatal carente de hampones.
 
Antes de la actual situación de inseguridad pública, en Tamaulipas se generaba un delito cada hora, pero hoy ese índice se ha incrementado a tal grado que hasta la cuenta ya se perdió.
 
¿Y cómo estarán las cosas que algunos gobiernos municipales ya buscan implementar, junto con la ciudadanía, modelos de defensa para hacerle frente a la criminalidad generalizada?
Incluso existe, como usted bien lo sabe, una ley (federal) de uso de armas de fuego para la autodefensa, a la que empiezan a recurrir nuestros conciudadanos ante la impotencia de los cuerpos policiacos que han perdido el respeto y control sobre el hampa, por lo que en algunos rincones de Tamaulipas empieza a considerarse como la salida más práctica al problema.
 
Aunado a ello, en una malentendida defensa de los derechos humanos, diversas organizaciones no gubernamentales han logrado que consumados delincuentes, poco después de ser encarcelados, alcancen nuevamente su liberación para seguir trasgrediendo la ley, agredir y causar daño y dolor a sus semejantes.
 
De ahí la importancia de reformar el Código Penal.
 
Y de ahí, también, la razón para que haya mayor rigidez en el otorgamiento de beneficios penales, pues estos sólo deben brindársele a quienes muestren ausencia o nula criminalidad.
 
Así creo que lo entiende mi amigo Felipe Garza Narváez, por lo que estoy seguro que en su calidad de líder de los diputados priístas habrá de apresurar el estudio del problema y proponer, ante comisiones y el pleno legislativo, la inminente adecuación del Código Penal.
 
Se hace camino al andar
*** ¡Vaya incongruencia del mentado “Javo”!
*** Antes de Semana Santa, dijo él que Tamaulipas registraría la mayor afluencia turística de su historia, pero ayer admitió que el flujo de vacacionistas no habría llegado a un millón de paseantes, con tal desparpajo que la impresión me dio e que considera que el pueblo no tiene memoria.
 
*** Sirva este ejemplo para entender que no es bueno combinar los vicios con otros placeres de la vida.
 
*** Otro secretario del gabinete gubernamental que a duras penas sabe de lo que habla en la mayoría de las veces, es Víctor Manuel de León Orti, pues mientras miles de productores agropecuarios están alarmados por la pérdida de semovientes y cosechas, él publicita la mejora de la genética equina, que tanto ha beneficiado al racho de sus mayores: “El Roble”.
 
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