México, (Notimex).- El fiscal general del Gobierno de Veracruz, Jorge Winckler, solicitó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados realizar un juicio de acción de procedencia para quitarle el fuero al diputado federal por Veracruz, Antonio Tarek Abdala Saad.

Fungió como tesorero de la Secretaría de Finanzas del gobierno que encabezó Javier Duarte de Ochoa, del primero de diciembre de 2010 al 1 de diciembre de 2016.

En entrevista el funcionario veracruzano leyó el documento que entregó a esta soberanía y explicó los motivos para solicitar el juicio de procedencia, que tendrá que analizar y resolver la Subcomisión Instructora, que preside el legislador priista Ricardo Ramírez Nieto.

La demanda de juicio de procedencia para quitarle el fuero al diputado se sustenta en que cometió delitos graves como peculado y desvío de recursos, entre otros, por 23 mil millones de pesos, y que representan un castigo penal de por lo menos 15 años de prisión.

El Fiscal General indicó que la actuación del gobierno veracruzano no queda solo en el señalamiento público, sino que se investiga y se sustenta con elementos de prueba, por lo que las denuncias que realizan se integran con absoluta certeza jurídica.

Señaló que esta solicitud de desafuero se hace a nombre del pueblo de Veracruz que fue agraviado por malos manejos, encubrimientos dolosos y desvío de recursos públicos, que originaron un gran desfalco y retraso a la vida productiva de la entidad, además de que se negó el acceso a beneficios básicos que se tienen por ley.

Indicó que presentó la solicitud de la Declaración de Procedencia o Desafuero del diputado priista, a fin de que no evada la acción de la justicia bajo el fuero constitucional que tiene por su envestidura.

Informó que esta solicitud se basa en hechos probablemente ejecutados de los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y desvió de recursos en contra del señor Tarek Abdala Saad, a fin de que pueda ser sujeto de proceso penal citado por las autoridades ministeriales y judiciales para ser aprehendido.

Explicó que el ex tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz deberá responder ante la justicia con relación a cuatro carpetas de investigación que ya están integradas en su contra por actuar de manera omisa y dolosa en la administración y desvío de fondos estatales y federales hasta por un monto de 23 mil 156 millones de pesos.

Apuntó que la suma de los delitos que se le imputan al diputado federal representa unos 15 años de prisión, e informó que también se investigan a otros diputados federales por el estado de Veracruz, y se integran los expedientes para que la próximo semana se puedan presentar las solicitudes para el juicio de desafuero.

El Fiscal General expresó su confianza de que la presente solicitud de desafuero se procederá en consecuencia, pues está sustentada en resultado de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que depende de la Cámara de Diputados, y se cuenta con señalamiento directos emitidos por quien ya hoy enfrenta la acción de la justicia y actualmente se encuentra en calidad de imputado.

Informó que la mayoría de los desvíos fueron a recursos federales que llegaron para el ámbito de salud que no fueron destinados para este efecto, lo que puso en riesgo la vida de mujeres, hombres y niños veracruzanos que no tuvieron acceso a medicamentos y atención médica.

“El dinero prácticamente se lo robaron, lo destinaron quién sabe a qué otros efectos, pero nada que ver con la salud de los veracruzanos”, concluyó.