Washington,(Notimex).- Organizaciones No Gubernamentales solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno de Perú limite la concentración de medios ante el creciente monopolio en la prensa escrita del grupo empresarial dueño del diario El Comercio.
Tanto el Instituto de Defensa Legal (IDL) como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtieron que cualquier concentración de medios de comunicación en manos de un sólo propietario podría tener eventualmente un serio efecto sobre la libertad de expresión en ese país.
“Respetamos el derecho a la propiedad privada, pero nos preocupa que un ejercicio abusivo y excesivo del mismo, sin regulaciones y limites pueda afectar seriamente a la libertad de expresión en nuestro país”, dijo el abogado David Lobatón, del IDL, durante la audiencia sobre la concentración de propiedad de medios de comunicación.
La queja derivó de la reciente compra por parte del Grupo Editorial Comercio de cuatro periódicos, que se sumaron a cinco con los que contaban anteriormente, y la propiedad de los dos principales canales de la televisión peruana, tanto de señal abierta como por cable.
Glatzer Tuesta, director del IDL dijo que como resultado de estas compras, los diarios propiedad del Grupo Editorial Comercio cubren ahora el 79 por ciento del universo de lectores de diarios en Perú.
Un amparo contra esa compra presentado en Perú en diciembre del 2013 por varios periódicos y particulares alegó que con esa compra El Comercio pasará ahora a absorber el 77.34 por ciento de la publicidad destinada a diarios.
Tuesta dijo que el abordaje legal de una situación de este tipo se dificulta debido al hecho de que en Perú no existen barreras de acceso y cualquier persona pueda fundar un diario, argumento que se ha esgrimido para defender esta operación.
Explicó que un riesgo potencial de la absorción de la publicidad por un mismo grupo editorial podría derivar en la quiebra de otros medios sin capacidad de competencia, acallando “una voz que algunas personas siguen en un estado democrático”.
Pese a que la adquisición se encuentra ya bajo revisión de las autoridades competentes, los peticionarios solicitaron a la CIDH que pida garantías al gobierno de Perú de que el desenlace de esta demanda se apegará al debido proceso “tomando en cuenta de que en casos como estos hay poderosas presiones políticas, empresariales y mediáticas”.
